Por Armando Ríos / Vanguardia, y Lucía Pérez Paz/ Independiente
Este reportaje forma parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists, en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.
Saltillo, Coahuila.- De 2015 a 2017, cinco partidos políticos de Coahuila fueron castigados por irregularidades en el gasto de 76.3 millones de pesos pero al perder su registro, ganaron la posibilidad de evadir el pago de las multas. Entre las prácticas hubo contrataciones a empresas propias o investigadas por el SAT. Los responsables no tuvieron que pagar las consecuencias e inclusive crearon nuevos partidos. Alerta: este círculo de desfalco podría estar sucediendo en todo el país.
En 2010 una reforma electoral impulsada por la 58 legislatura de Coahuila facilitó la creación de partidos políticos y Coahuila se colocó como el estado con más partidos en la boleta con 15 opciones a elegir. El saldo: algunos malgastaron recursos públicos y otros los utilizaron en empresas personales.
La reforma dio luz verde a los partidos para ir en coalición, lo que les permitió compartir votos a través de convenios, además de que ya no sólo requerían el 3% de la votación en las elecciones, sino sólo el dos para mantenerse.
En una revisión a los ejercicios fiscales 2015, 2016 y 2017, este equipo de investigación detectó que líderes de partidos y militantes con empresas fueron favorecidos con contratos millonarios.
En cualquier otro contexto, un funcionario que a la vez se convierte en proveedor estaría ante un posible conflicto de interés, pero los integrantes de partidos políticos pueden beneficiarse sin repercusiones, porque no son considerados servidores públicos y ello los pone en un lugar privilegiado para beneficiarse del erario.
El funcionario encargado del enlace de la unidad de fiscalización del INE en Coahuila, Rodrigo Paredes, comentó que la figura jurídica de los partidos es parecida a una empresa pero con manejo de recursos públicos. “En términos fiscales, son personas morales, como es una empresa, pero de interés público”.
Al cuestionar a representantes de cuatro de los cinco partidos políticos que perdieron el registro en la localidad y que fueron señalados con irregularidades financieras, en todos los casos se reconoció que hoy no enfrentan ninguna responsabilidad por las fallas subrayadas en las fiscalizaciones hechas por la autoridad electoral, que les impidan regresar a la vida política del Estado.
En entrevista, Salvador Hernández Vélez, rector de la Universidad Autónoma de Coahuila y quien fue uno de los diputados priistas que aprobó esta reforma, aceptó que no hubo un análisis de futuros escenarios como lo fue la ola de partidos políticos en la entidad con escaso respaldo de la población. “Esa parte no fue buena para la democracia”.
La ex diputada panista, Esther Quintana, quien también perteneció esa legislatura, considera que la motivación fue crear un método idóneo para el nacimiento de partidos satélites del PRI. “Era su manera de cooptar el voto y de hacerse de presupuesto amañado”.
La legislación electoral aprobada en 2010 en Coahuila dejó de estar vigente en 2017, derivado de las reformas promulgadas a nivel nacional, en 2014, donde desaparece el IFE, nace el INE y los organismos públicos electorales locales. Con ello también se prohíbe el trasvase de votos, es decir los convenios donde se pactaba la repartición de votos a través de coaliciones con partidos populares.
Sin embargo, la falta de legislación para cobrar las multas cuando desaparecen los partidos, la ausencia de castigos por beneficiarse con contratos, el pago de multas con el mismo dinero público y la posibilidad de crear de nuevo un partido sin importar su historial de irregularidades, aún continúa vigente.
Para Esther Quintana este problema continúa porque las reglas son creadas por legisladores que en su mayoría son emanados de los mismos partidos políticos beneficiados.
Los representantes de estos mini partidos aseguran que no hubo beneficio personal en la aplicación del recurso público, aunque en algunos casos reconocen que sí hubo información que faltó entregar para que hubiera cuentas más claras.
“Lo digo con toda honestidad y transparencia: no hubo un mal manejo de recursos, si hubo una mala información, pero creo fue al calor de la campaña electoral, de la post campaña, de las impugnaciones que existían por la poca diferencia de votación...”, dice Edgar Puente, ex representante del extinto Partido Joven.
Cuando en los institutos políticos cometen una irregularidad en el manejo de los recursos, como desvíos, falta de comprobación en su gasto diario o compras que no tienen que ver con su función como partidos, el Instituto Nacional Electoral (INE) los castiga con multas que son pagadas en abonos y del mismo presupuesto público que les asigna.
La legislación electoral está diseñada para que las multas impuestas por irregularidades en el manejo de dinero no sean pagadas cuando se pierde el registro.
“Cuando multan al partido, es al partido y pues el partido murió y no le pueden cobrar a un muertito”, expresó Samuel Acevedo, representante del desaparecido Partido Socialdemócrata Independiente, después Sí Coahuila.
Gracias a ello los integrantes de partidos políticos se libraron del pago de 31 millones de pesos en multas al perder el registro, así lo señala el oficio número IEC/DEPPP/096/2020 del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), que define como “incobrables” estas multas.
“Una vez liquidados los partidos políticos locales y de acuerdo al orden de prelación de sus pasivos, los saldos en concepto de sanciones impuestas por el Instituto Nacional Electoral, quedaron en el estatus de incobrables”, dijo el Instituto Electoral de Coahuila a través del oficio.
La autoridad reconoce que existe un vacío para cobrar a partidos que perdieron el registro.
Los vacíos legales les permiten renacer, como sucedió con dos de ellos, que una vez más perdieron el registro y enfrentan ahora una fiscalización parecida a la anterior. Y así, la historia puede continuar.
Este reportaje se concentra en el caso Coahuila, sin embargo, la legislación electoral actual es nacional y estas historias de desfalco pueden replicarse en todo el país.
Presupuesto millonario y la farsa de las multas
Cuando nace un partido político, éste forma parte en las sesiones de los consejos electorales, y puede opinar, aunque no tiene derecho a votar. Sin embargo, uno de los beneficios además de participar en las elecciones es el acceso a millonarios presupuestos.
Aunque cada partido tuvo un periodo de vida diferente, en conjunto les fueron asignados 138.7 millones de pesos de 2010 al 2020, de acuerdo con una revisión realizada a los acuerdos emitidos por el IEC y el desaparecido Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila.
Durante su vida, montos millonarios llegan a las bolsas de los partidos políticos.
El instituto local asigna el recurso y el INE lo fiscaliza. Cuando se detecta mal uso de este dinero se impone una multa, que es pagada en abonos que no les dificulte su operatividad.
“Nadie está exento de este tipo de multas, hemos visto a nivel nacional, el partido Morena, es uno de los más multados por el INE y de ahí el Revolucionario Institucional, Acción Nacional y, a nivel local, la Unidad Democrática de Coahuila”, expresó Genaro Rodríguez, del extinto Partido Primero Coahuila.
El consultor y politólogo Carlos Castañón calificó como absurdo que las multas se paguen con el mismo recurso de los contribuyentes. “La afectación es nula para los partidos y, por otra parte, vemos cómo los actores (que las cometieron) resultan escurridizos o sencillamente no se les toca”, dice.
Entre las observaciones de las fiscalizaciones están la falta de entrega de facturas, la no concordancia entre lo que se compraba y se lograba comprobar, la ausencia de registros contables, y recursos no ejercidos para el programa de Capacitación, Promoción y el Desarrollo para el Liderazgo Político de las Mujeres, lo cual era obligatorio.
En el informe del 2017, el INE detectó que cuatro de los cinco partidos que desaparecieron realizaron contrataciones con los mismos 22 proveedores durante por lo menos ese año. Ocho de ellos no contaban con ningún reporte en el Registro Nacional de Proveedores del INE, y 15 más no tienen acta constitutiva pública ante el Registro Público del Comercio de la Secretaría de Economía.
De acuerdo con las observaciones realizadas a estos proveedores, hubo empresas que nunca contestaron los requerimientos para esclarecer irregularidades derivadas de su contratación.
Una de las cosas que resaltan en los informes analizados es una serie de patrones en el manejo de las prerrogativas de estos partidos políticos.
El Partido Joven, el Partido Socialdemócrata Independiente, el Partido Primero Coahuila, el Partido Campesino Popular y el Revolucionario de Coahuila, tuvieron irregularidades en su manejo financiero, según la fiscalización realizada por la Unidad Técnica del INE, y ninguno se salvó de las observaciones.
Auto contrataciones
El Partido Joven, nació en octubre de 2012 y participó en cinco elecciones locales. Al igual que los otros partidos estatales, solía hacer coaliciones.
En las elecciones compartían candidatos con partidos como el PRI, Verde Ecologista y Nueva Alianza, y en su última elección, en 2017, tuvo en su lista de candidatos plurinominales para el Congreso del Estado al exgobernador Humberto Moreira.
Para el ex líder del Partido Joven, Edgar Puente, ir en coalición representó un apoyo para los otros partidos.
En entrevista, dijo que no hubo un beneficio directo para ellos sino para lograr triunfos conjuntos. Recordó la coalición denominada Por Un Coahuila Seguro, integrada por siete partidos, que dio el triunfo como gobernador al candidato emanado del PRI, Miguel Ángel Riquelme. El Partido Joven les proporcionó 35 mil votos.
Tras una reforma electoral en 2014 en la que se prohibió la repartición de votos a través de coaliciones, el PJ desapareció al no conseguir el 3 por ciento de la votación requerida para mantener el registro, y dejó una deuda de 7.4 millones de pesos en multas.
En las fiscalizaciones del INE se observan irregularidades en contrataciones de inmuebles. Uno de los casos que resaltan es el ejercicio del 2015, cuando la Unidad Técnica de Fiscalización advierte que el partido no había realizado la entrega de los cheques que prueban la contratación de un servicio brindado por la Inmobiliaria PUSA.
Esta empresa fue creada por el propio fundador del Partido Joven, Edgar Puente Sánchez, según el acta del Registro Público del Comercio, en poder de este equipo de investigación. En ella se indica que fue constituida ese mismo año con un capital inicial de 50 mil pesos.
El INE señala que la empresa recibió contratos de arrendamiento con dinero público durante ese ejercicio por un total de 1.4 millones de pesos. La Unidad de Fiscalización sólo señaló la irregularidad en la ausencia de comprobantes de cheques de contratación, y la multa impuesta fue solo de 2 mil 191 pesos.
La empresa fue dada de alta por 50 mil pesos, meses antes de que empezara a recibir dinero del Partido Joven.
Al ser cuestionado sobre el tema, Edgar Puente, negó que su empresa se haya beneficiado con recursos públicos y que ante el poco presupuesto disponible, su empresa prestó los inmuebles.
Las observaciones del INE no son por auto contratarse, sino por rebasar los topes de presupuesto.
En entrevista para este equipo, Rodrigo Paredes, vocal Secretario de la Junta Local del INE y enlace de la Unidad Técnica de Fiscalización, indicó que la ausencia de castigos por casos donde hay relación con los proveedores es parte de las lagunas legales que se pretenden erradicar.
“Lamentablemente, si es una empresa legalmente constituida con registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no tenemos mucho que hacer, todavía estamos como autoridades limitados en estos temas, porque sí vemos claramente que hay un conflicto de interés entre compras y adquisiciones en empresas constituidas ex profeso o a través de proveedores con cierta afinidad con los dirigentes partidistas”.
Entregan a destiempo facturas que sumaban millones
El Partido Socialdemócrata Independiente apareció en la escena política en septiembre del 2010 y desapareció en 2018. Participó en seis elecciones locales. Dejó una multa de 12.1 millones de pesos.
A lo largo de su actividad también fue repetitiva la realización de alianzas y coaliciones con partidos nacionales como el PRI.
En entrevista con este equipo, el ex líder de este partido, Samuel Acevedo, dijo que las coaliciones las determinaban tras realizar un autoanálisis y ver hasta dónde podían llegar.
“Yo fui diputado gracias a una alianza y no llegué a estar sentado”, dijo Samuel Acevedo, de quien destaca la iniciativa para la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo.
De acuerdo con las fiscalizaciones del 2015 al 2017 este partido fue multado por no presentar nóminas o comprobantes por pagos de servicios, así como por el pago en efectivo de 470 mil pesos a dirigentes. Esta forma de pago no está permitida, según el enlace de fiscalización de la Unidad Técnica de Fiscalización en la junta local del INE.
Samuel Acevedo dijo que el INE tiene un deficiente y complicado método de fiscalización y por ello fueron sujetos a multas millonarias, aunque asegura que todo estaba sustentado. “O te dedicas a hacer campaña o a informar a la fiscalización”.
Al perder el registro, la multa quedó como incobrable, pues no hay elementos que hagan solidarios a dirigentes de partidos para pagarla.
“La multa es al partido como ente político. No hay a particulares. Es el mismo caso del Partido Nacional Encuentro Social, que quedó pendiente con una sanción y ahora vuelven a tener registro y no le pueden cobrar porque es un ente diferente, es el partido Encuentro Solidario aunque sean los mismos dirigentes… cuando multan al partido, es al partido y pues el partido murió y no le pueden cobrar a un muertito”.
En medio de irregularidades financieras, logran salvarse.
Al ser cuestionado sobre la ausencia de castigos hacia quienes cometen las irregularidades dijo que esto debería cambiar.
“Yo creo que se deben corregir las leyes, yo creo que sí debe haber una responsabilidad y tomar en cuenta todo es tipo de antecedentes. Yo estoy consciente de ello”.
Samuel Acevedo buscó formar un nuevo partido. No lo logró por problemas administrativos y ahora explora la vía de la postulación independiente.
Empresas bajo el ojo del SAT
El partido Primero Coahuila inicia su vida electoral en septiembre de 2010 y se va en 2018, después de haber ido en alianza encabezada por el PAN.
Entre las irregularidades sancionadas por la Unidad Técnica de Fiscalización está una multa por 26 mil pesos por haber emitido facturas a proveedores no registrados en el Registro Nacional de Proveedores del INE por diversos conceptos, con pagos de un millón de pesos.
Entre ellos, el informe de la Unidad Técnica de Fiscalización del 2017 identificó irregularidades en las contrataciones a las empresas Corporativo Luna Storm S.A. de C.V. y ADMPT S.C., y en ese mismo año inició una búsqueda sin éxito de las mismas.
En el caso de Corporativo Luna Storm S.A. de C.V., única de estas encontrada en el Registro Público del Comercio, resalta que entre sus servicios ofrece la construcción de unidades habitacionales, pavimentación de carreteras y la construcción de edificios.
Sólo en el 2015, Corporativo Luna Storm y ADMPT S.C., fueron contratadas por montos de 737 mil pesos y 261 mil, respectivamente, según los reportes del partido.
En el 2020, el SAT incluyó en su “listado de presuntos contribuyentes con operaciones simuladas” a ADMPT S.C. y Corporativo Luna Storm S.A. de C.V., y en el Registro Nacional de Proveedores ambas empresas están bajo el esquema de “Asesorías Diversas”, sin especificar rubros.
“No tengo conocimiento de que las empresas no le hubieran contestado al INE. Las empresas ahí están y siguen vigentes, las empresas con las que se contrató material o lo que se tuviera que hacer en esos momentos”, expresó Genaro Rodríguez, dirigente del partido Primero Coahuila sobre el tema de las empresas que no fueron encontradas por el órgano electoral durante su búsqueda.
Debido a que son millones de registros de facturas y empresas las que son contratadas por los Partidos Políticos locales y federales, la Unidad Técnica de Fiscalización, según Rodrigo Paredes, se enfrenta a un panorama complejo para identificar estas acciones, y así también, lo dijo Genaro Rodríguez.
“Los lineamientos que tiene el INE no le alcanzan como para ir a este punto, no le alcanzan porque si hubiese sido de otra manera, hubiese sido sancionada hasta la empresa, pero si la empresa también desapareció, pues nadie está obligado a lo imposible”, expresó Genero Rodríguez.
Las irregularidades no son impedimento para reencarnar
Cuando un partido desaparece, su esencia puede regresar, con la misma ideología, estructura, incluso el mismo nombre, pero las consecuencias de sus irregularidades pasadas no los persiguen a su nueva creación.
Un círculo vicioso rodea al sistema de los partidos políticos.
El encargado de validar los registros de nuevos partidos locales es el IEC. Al ser cuestionados por este procedimiento, el Secretario Ejecutivo, Francisco Torres, dijo que se otorgan porque jurídicamente son personas distintas y vuelven a cumplir con los requisitos.
Esta ventaja legal ya fue aprovechada por dos partidos: el Campesino Popular y de la Revolución Coahuilense.
“Al menos en estos partidos que estamos hablando, son personas que ya habían participado anteriormente, pero eso no es impedimento para que lo vuelvan a hacer, porque insisto, legalmente son otras personas morales las que están participando aunque el nombre del partido sea muy parecido, aunque los colores del partido sean muy parecidos, e incluso los dirigentes que los encabezan, pero bueno, vuelven a cumplir con los requisitos y legalmente es procedente”, explicó Francisco Torres.
El partido creado para atender las demandas sociales de los campesinos fue encabezado por el activista José Luis López Cepeda. Nace en octubre de 2012 y desapareció en 2018. Un año después volvió bajo el nombre del Partido Emiliano Zapata, la Tierra y su Producto y este año perdió su registro por no alcanzar el mínimo de votos establecido.
El Campesino popular dejó una deuda de 4.1 millones de pesos en multas.
En una revisión histórica a los números del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) se observa poco respaldo del electorado hacia este partido, así como recurrentes alianzas y coaliciones con el PRI y Verde Ecologista.
En las fiscalizaciones se detectaron irregularidades en el manejo de recursos, por ejemplo, el pago de 560 mil pesos para renta de vehículos y se establece que no lo pudieron comprobar.
Otro de los señalamientos del INE es sobre la contratación de servicios a Israel Colchado Reynoso, quien en ese entonces formaba parte del Ayuntamiento de Parras.
Este mismo proveedor, en 2020, fue sancionado con una amonestación pública por parte del INE, luego de proveer servicios al PRI y no reportar los conceptos del gasto, según el expediente EXP.UT/SCG/Q/CG/158/2019.
Este equipo de investigación, buscó al líder de este partido, José Luis López Cepeda; aunque accedió a dar entrevista, no hubo respuesta el día pactado.
Otro de los partidos que lograron revivir fue el Partido de la Revolución Coahuilense. Nace en octubre de 2012 y pierde el registro en 2018, regresa con el mismo nombre en 2019 y el 13 de enero del 2021 pierde el registro.
En las elecciones locales en las que participó, al igual que el Campesino Popular, realizó alianza con partidos nacionales como el PRI.
La primera vez que perdió el registró dejó una deuda en multas por 3.7 millones de pesos, en esta ocasión sigue pendiente el saldo final.
En las fiscalizaciones del 2015 al 2017 destaca la renta de vehículos Mazda modelo 2013, una Jeep Patriot 2008 y dos vehículos 2010, Cirrus y Fiesta, por montos de 582 mil pesos.
En entrevista con Cristobal Cervantes, quien fue representante del partido ante el Consejo Electoral del IEC, dijo que al perder el registro se liquida el partido, y aunque se vuelve a formar con el mismo nombre, legalmente no es el mismo partido ya que es un proceso nuevo, y ante la Secretaría de Hacienda tiene un RFC diferente.
¿Cuándo vuelven a formar el partido, pagan las multas pendientes?, se les cuestionó.
“No porque prescribe, la persona moral se declara en quiebra al momento de no tener esa legitimidad pasiva a las prerrogativas y al momento de no tenerlas, pues de dónde solventan esos gastos o multas”, respondió Cervantes, quien un año después de que desapareció el PRC, contendió por la vía independiente por el Ayuntamiento de Saltillo.
Agregó: “Quiero ser muy enfático que no es dinero que entró al partido. Fueron multas que vienen de su mayoría de la coalición que se hizo con el PRI, partido Joven...”.
Este año, al perder su registro el Partido culpó a la contingencia sanitaria y aseguró que hubo un manejo irregular de votos.
En la sesión del Consejo General del IEC, realizada el 13 de enero de 2020, la Consejera Presidenta, Gabriela de León Farías pidió que no culparan al instituto por algo que no lograron: el voto ciudadano.
“No se vale acusar al Instituto de Coahuila de situaciones que no son y que no hicieron mención en tribunales”.
En la pasada elección del 18 de octubre de 2020, este partido logró el 1.86% del total de votos. Los resultados fueron dados a conocer desde el mes de octubre, pero la pérdida de registro se realizó meses después porque se mantenían impugnaciones en los tribunales electorales.
Al ser cuestionado sobre la libertad de volver a integrar partido con el mismo nombre y similitud en la estructura, y sobre las críticas que han recibido por parte de otros partidos como el PAN en Coahuila, Cervantes respondió que “solo un dictador, no ve con buenos ojos que regrese un partido de izquierda que vela por los derechos del estado”.
Víctimas colaterales
Desaparecer y no pagar las multas no solo implica un modus vivendi en medio de la impunidad, la falta de pago también alcanza a otras víctimas: los proyectos de ciencia en el Estado.
En Coahuila, el dinero producto del pago de multas es entregado al Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, COECYT, para apoyar proyectos de ciencia a través de un convenio que se encuentra vigente entre dicha institución y el órgano electoral local.
El titular del COECYT, Mario Valdés Garza, explicó que el recurso no se utiliza para gastos de operación.
Mario Valdez dijo que este dinero ha provocado un gran cambio en los indicadores de ciencia y tecnología. Por ejemplo, el Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT pasó de 200 a 550 registros en Coahuila.
Las patentes incrementaron. “Generalmente Coahuila ni figuraba en este rubro, y todo esto gracias al apoyo de multas electorales porque hemos formulado más proyectos” expresó el titular.
Este recurso alcanzó a los docentes de todos los niveles. Antes, la investigación solo se daba para universidades o los tecnológicos que tenían posgrados, ahora se tiene la participación directa de escuelas de educación básica y media superior.
En 2020, parte de los recursos de las multas se destinaron para insumos médicos que se donaron a hospitales COVID-19. Sin embargo, tras la desaparición de los cinco partidos locales en 2018, el COECYT no recibió los 31 millones de pesos que se tenían programados por multas a estos partidos.
El recurso proveniente de multas electorales, podría ir destinado a proyectos de ciencia.
La unidad de fiscalización hace investigaciones de campo, revisa proveedores, y cuando detecta irregularidades o mal manejo del dinero público, una de las formas en que busca resarcir el daño al erario es a través de las multas que se pagan con el mismo recurso público que se les asigna a los partidos.
La falta de votos los hace perder el registro, pero pueden volver y repetir la historia.
Para el politólogo Carlos Castañón, lo idóneo es que los institutos electorales sean autónomos y los partidos sean sostenidos por sus militantes.
El historiador y catedrático de la Universidad Autónoma de Coahuila, Carlos Recio Dávila, considera que sí hay una posibilidad de cambio, al indicar que a través de la historia de México el sistema electoral ha avanzado y perfeccionado sus mecanismos, pero esto ha sido producto de la presión social. “No son acciones (políticas), son reacciones”.
Mientras no haya una base legal sólida en materia electoral esto continuará, no sólo en Coahuila, sino en el resto del país, aunque se trate de partidos sin una estructura sólida de participantes, aun cuando las deudas millonarias se acumulen, aun cuando los órganos electorales presuman de autonomía.
Ilustraciones: Carlos Mendoza.
Créditos
Armando Ríos / Vanguardia, y Lucía Pérez Paz/ Independiente
