Piden que se investigue y se deslinde responsabilidades.
Por Reyes Gamez/Agencia de Noticias 3er SECTOR
Monterrey, N.L.- En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC), le señala al Gobernador Jaime Rodríguez Calderón que es intolerable la situación de violencia que se vive en los penales a cargo de la administración que él encabeza.
"Resulta inconcebible que en un espacio delimitado, controlado por el Estado, se sigan violentando de forma tan grave los derechos humanos. Desde nuestra organización no descansaremos hasta conseguir las investigaciones serias, e independientes de expertos, sobre los hechos violentos y actos de corrupción sucedidos al interior de los penales estatales. Los asesinatos, torturas, extorsiones al interior de éstos, no pueden, no deben quedar en la impunidad, ya que rompe todos nuestros anhelos de justicia y de reconocer nuestra fraternidad", expresó la hermana Consuelo Morales, directora de CADHAC.
Recordó que "la crisis penitenciaria que enfrenta Nuevo León, es una problemática que se ha vivido desde hace años, no obstante observamos que en esta administración se ha deteriorado de manera alarmante", ya que "en tan solo dos años han ocurrido 8 eventos violentos que han dejado al menos 78 personas privadas de la libertad asesinadas y cientos heridas. Aunado a esto, todos los días las y los internos ven vulnerados sus derechos a una vida digna, a la alimentación, atención médica adecuada, a su integridad personal mediante el cobro de cuotas y amenazas, también son víctimas constantes de tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como condiciones precarias en las instalaciones que viven".
Por lo cual lamentó la "falta de compromiso del Gobernador Jaime Rodríguez para garantizar la seguridad de la ciudadanía en general, y de manera muy lastimosa, las condiciones de los centros penitenciarios, en donde se han y siguen cometiendo graves y continuas violaciones a derechos humanos, a pesar de que el Estado es responsable de garantizar su bienestar y seguridad".
Subrayó que "a esta grave situación, se suma la falta de transparencia y voluntad política de las autoridades estatales para atender la situación con base en la legalidad. La administración estatal públicamente ha externado la necesidad de destinar mayor presupuesto a la problemática, sin embargo, recientemente el Gobernador ha expresado que transferiría 600 millones de pesos al DIF. Por otro lado, el Estado busca evadir su responsabilidad al privatizar las cárceles, cuando se ha documentado que esta estrategia contraviene la buena administración de los centros", ya que "eventos como el ocurrido en el mes de octubre en el penal de Cadereyta evidencian la grave situación que se vive: actuación delictiva de cuerpos policiacos, asesinatos, lesiones graves, hacinamiento, falta de control y transparencia por parte de las autoridades. Situación que aún sigue sin ser atendida del todo y que continúa en la impunidad".
Enfatizó que "no debemos olvidar que si bien las personas privadas de la libertad cometieron un delito, la sanción es estar recluidas en la cárcel, es decir privadas de su libertad. Por su parte el Estado tiene como objetivo la reinserción social de estas personas, y ante los tratados internacionales de los que México forma parte, así como indican las leyes de nuestra Constitución, es responsabilidad del gobierno velar por la seguridad y el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad que tiene bajo su custodia".
Por lo que "la Conmemoración del Día internacional de los Derechos Humanos, es un fuerte impulso para romper la corrupción e impunidad en espacios tan limitados, pero tan explotados, como lo son los penales estatales".
