Presidente asegura que se va sancionar a funcionarios que se compruebe amenazan a los ciudadanos o a los periodistas.
Por Reyes Gamez
Monterrey, México, Agencia de Noticias 3er Sector.- Durante los primeros meses del sexenio del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) tiene registrados 6 homicidios de periodistas y 9 homicidios de defensores de derechos humanos.
"En el caso específico de los periodistas tenemos registrados seis homicidios a partir del 1º de diciembre, de los cuales solamente una de las personas, el caso de Rafael Murúa Manríquez, en Baja California Sur, estaba bajo la protección del Mecanismo, los otros cinco no estaban dentro de la protección del Mecanismo; y de estos seis casos cuatro ya fueron identificados y detenidos los presuntos responsables del homicidio. En el caso de defensores de derechos humanos, tenemos nueve, lamentablemente, nueve decesos, de los cuales solamente se han esclarecido dos, en particular el caso de Sinar Corzo, en Arriaga Chiapas, incluso el Congreso local ya promovió el desafuero del presidente municipal de Arriaga", expresó Alejandro Encinas Rodríguez, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la SEGOB.
Agregó que "en el caso de Samir Flores, en Amilcingo, se tienen identificados a tres agresores, pero falta concretar la identificación de los autores intelectuales, Y de los otros siete está en proceso la investigación, sin que hasta ahora se hayan detenido a todos los responsables materiales e intelectuales".
Mencionó que "también se hace el seguimiento de periodistas que han sufrido algún tipo de agresión, las más recientes: el de Jesús Hiram Moreno, director del portal de noticias Evidencias, en Juchitán, Oaxaca; y el caso de Miguel Badillo, director de Contralínea, que fue allanado su domicilio el pasado 23 de marzo".
El Subsecretario detalló que en el Mecanismo de Protección para las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas "desde que llegamos al gobierno tenemos 790 personas bajo el Mecanismo de protección, 498 defensores de derechos humanos, que representan el 63 por ciento y 292 periodistas que representan el 37 por ciento de las personas sujetas al Mecanismo de protección, concentrándose, particularmente, en 10 entidades, donde está el 62 por ciento de los beneficiarios, destacando la Ciudad de México con cerca del 17 por ciento, Veracruz, con el 9.6, y Guerrero, con cerca del nueve por ciento".
A finales del 2018 se dio a conocer que el Mecanismo de Protección para las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas estaba pasando por problemas presupuestales, Encinas Rodríguez dijo que "ha habido presupuesto asignado que ha sido insuficiente, todavía a finales de la administración anterior, incluso en el periodo de transición tuvimos que intervenir para que hubiera una ampliación de 75 millones de pesos para poder garantizar, no solamente el cierre el año, sino el inicio de operaciones en el mes de enero por lo menos, lo cual se logró".
Sobre los señalamientos que han hecho algunos integrantes de Organizaciones No Gubernamentales sobre que en 2019 hubo un recorte al presupuesto, mencionó que "no hubo un decremento del presupuesto, estoy hablando que hubo incluso una ampliación, nosotros requerimos una ampliación de 75 millones de pesos respecto al presupuesto que se asignó al Mecanismo el año pasado, y los 207 millones de pesos que hoy actualmente se van a ejercer están justamente en el umbral de los recursos que se asignaron para el 2019; o sea, no hay disminución".
El Subsecretario, subrayó que también se van "analizar los protocolos de análisis de riesgo. Se necesita calificar particularmente a las personas encargadas de realizar la evaluación de riesgo de las personas que solicitan su ingreso al Mecanismo y mejorar los mecanismos de coordinación entre el gobierno federal y las entidades federativas, donde si bien ha habido instrumentos y mecanismos de coordinación, todavía son insuficientes.
Voy a ponerles un ejemplo, uno de los más cuestionados, de la situación que guardan algunas de las medidas, y particularmente tiene que ver con el uso de 792 botones de asistencia que actualmente se encuentran en activo para periodistas y defensores de derechos humanos. Como pueden ver, de los 792 botones, 209 de los usuarios tienen apagado durante más de 150 días al año el botón; los 100 más lo tienen apagado entre 61 y 150 días del año. Y si bien un número importante, 230, lo tienen activo prácticamente de manera permanente, es de manera muy desigual su uso. Esto nosotros los entendemos como parte de la falta de confianza en la autoridad.
¿Cuál es el argumento que muchos de ellos nos han dado respecto a que por qué no utilizan o mantienen de manera permanente y sistemática prendido el botón de seguridad?
Es que dicen que no quieren que la autoridad sepa donde se encuentra. Es un tema de fondo, no es un asunto solamente de falta de credibilidad, pero si es el Estado el responsable de garantizar la seguridad y la protección de las personas, tenemos que saber dónde están. Y son de los temas que tenemos que analizar, porque las personas sujetas a los mecanismos de protección, ya sea individual o colectivos, también deben de cumplir normas de autoprotección que nos permitan garantizar la protección del Estado, pero que ellos mismos coadyuven en su propia protección".
El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador enfatizó que en su sexenio no se va reprimir la expresiones de los ciudadanos ni de los periodistas, ni tampoco va tolerar que funcionarios públicos hagan agresiones.
"¿Quiénes son los que agreden?
Sn duda, hay dos grupos de agresores: la delincuencia, llamada organizada, los grupos delictivos y representantes del Estado.
¿Qué garantizamos nosotros?
Que el Estado no va a violar derechos humanos, que ese es un cambio importante, nunca vamos a dar la orden de reprimir a nadie. No es el ‘Mátalos en caliente’, de Porfirio Díaz o el ‘plata o plomo’ o el ‘encierro, entierro o destierro’. No. Esta es una transformación, este es un cambio. Este no es un gobierno autoritario.
Entonces, esa parte se descuenta, el Estado no va a reprimir a los ciudadanos, que era por antonomasia el principal violador de los derechos humanos. Eso debe de quedar claro. Y el que haga algo siendo servidor público en contra de cualquier ciudadano que cometa un delito, no va a contar con impunidad".
