Ciudad de México.- El Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Transparencia son verdaderos contrapesos para el abuso del poder y garantes del ejercicio crítico de la ciudadanía en una democracia, afirmó Ximena Puente de la Mora, comisionada presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
“Son además correctores de las dinámicas públicas que deterioran la credibilidad de las y los mexicanos hacia sus autoridades” subrayó al participar en la instalación del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.
Puente de la Mora refrendó el compromiso del INAI y del Sistema Nacional de Transparencia para construir una agenda de trabajo con los integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción, a fin de promover la homologación legislativa en la materia y lograr que el país cuente con un piso parejo en materia de combate a la corrupción.
“Construir instituciones que funcionen, que sean realidad y verdaderos correctores del fenómeno que se pretende atender es una tarea de tiempo completo” subrayó.
La presidenta del Comité Coordinador, Jacqueline Peschard Mariscal señaló que aunque el comité cuenta con amplias facultades para dirigir y operar el Sistema Nacional Anticorrupción, enfrenta fuertes resistencias sustentadas en prácticas ilegales de mutua protección que ha probado ser una barrera eficaz para la acción de la justicia.
“Quiero aprovechar esta ocasión para proponer una muy breve agenda de trabajo que gira en torno a cuatro ejes: la consolidación del edificio del sistema; la prevención de los actos de corrupción; el combate eficaz a la impunidad; y la apertura gubernamental como estrategia para hacer de la sociedad civil nuestro gran aliado”, indicó.
En su intervención, el procurador General de la República, Raúl Cervantes Andrade señaló que el Sistema Nacional de Transparencia y el Sistema Nacional de Anticorrupción tienen una vinculación y que este ejercicio puede llegar a ser ejemplo legislativo en la cocreación del derecho con la participación ciudadana.
“No es un valor menor el que las leyes dotaron para cumplir esos principios, hoy ese Sistema, este Comité y todos los que participamos representando instituciones en específico estamos obligados a lograr los objetivos”, manifestó el procurador general.
Desde diciembre pasado, la Procuraduría General de la República, agregó, cuenta con un espacio físico y una metodología para respetar la autonomía de la Fiscalía Anticorrupción.
Plataforma permitirá erradicar corrupción
La secretaria de la Función Pública, Arely Gómez González, sostuvo que el Sistema Nacional Anticorrupción es la plataforma que permitirá erradicar la corrupción y transformar las relaciones entre la sociedad y su gobierno.
“El Comité Coordinador es una nueva forma de integrar las opiniones, observaciones, recomendaciones, y sobre todo, vigilancia del actuar de las instituciones públicas, constituyéndose así como una herramienta de permanente observancia social”, destacó.
En su oportunidad, el auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal consideró importante identificar los riesgos que pueden afectar la operación de los Sistemas Locales Anticorrupción, así como determinar las medidas que puedan minimizarlos.
“Podemos distinguir cuatro temas de especial relevancia para el arranque de las labores de este Comité: la definición de una agenda puntual de temas prioritarios; contar con una política de comunicación del Sistema Nacional Anticorrupción; privilegiar las áreas susceptibles de riesgo por encima de casos individuales de corrupción; y precisar el seguimiento que el Sistema dará a los Sistemas en las Entidades Federativas”, expresó.
El presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; Carlos Chaurand Arzate, dijo que el mérito del SNA serán las acciones y decisiones que se tomen y en las que no se tolere ningún acto de corrupción.
“Dejaremos en claro que hay una política explícita de responsabilidades y que los actos violatorios a ella, serán perseguidos y sancionados sin importar la jerarquía del infractor”, apuntó el magistrado.
En representación del Consejo de la Judicatura Federal, Alfonso Pérez Daza, opinó que el combate a la corrupción no sólo depende del diseño de leyes y políticas públicas adecuadas, sino también de la aplicación efectiva de los poderes públicos en los diferentes niveles de gobierno.
“Por ello, uno de los principales ejes de funcionamiento de este sistema debe consistir en la colaboración de los gobiernos de las entidades federativas, bajo la premisa de que el sistema no se trata de una intervención a su autonomía sino del establecimiento de un diálogo abierto y permanente para la solución conjunta de problemas que no podrían ser resueltos unilateralmente”, aportó.
En el acto participaron también las comisionadas Areli Cano Guadiana, María Patricia Kurczyn Villalobos, y los comisionados Francisco Javier Acuña Llamas, Oscar Guerra Ford y Joel Salas Suárez.
