Piden se tomen en cuenta los planteamientos surgidos del Foro Interuniversitario
Monterrey, México (Agencia de Noticias 3er Sector).- Autoridades de distintas instituciones de educación superior públicas y privadas, advirtieron que es necesario invertir hoy en la formación de investigadores para lograr generaciones que sean productivas en Ciencia, tecnología e Innovación y con ello que las próximas generaciones sean capaces de contribuir para resolver problemas del presente y del futuro.
"El financiamiento es un tema fundamental y debe ser consistente cada año. De ese modo, como resultado, habrá una contribución importante a la ciencia, que se verá reflejado año, con año y el país podría entrar a otro nivel de desarrollo humano", dijo Gerardo Doubcovsky, Vicerrector de Investigación, Incubación e Innovación de la Universidad del Valle de México al participar en el Foro interuniversitario: Jornadas de Reflexión sobre el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación que demanda el Futuro.
El Vicerrector de Investigación, Incubación e Innovación de la Universidad del Valle de México, recordó que México a lo largo de la historia ha estado por debajo del 1% de inversión, pues solo 0.38% del PIB se dedica a Ciencia y Tecnología. Lo anterior, añadió, es una cantidad similar a la que se tenía hace 5 años, mientras que, en países desarrollados, invierten seis veces más, lo que evidencia el rezago en el desarrollo de la CTI en nuestro país.
En el Foro Interuniversitario participaron representantes de la UAM, UNAM, UDG, UV, UAQ, UANL, UVM, IBERO, ITESM y CINVESTAV.
Ángel Trigos Director de Investigación de la Universidad Veracruzana, expuso que cuando se habla de austeridad, no se debe de pensar en ello como un gasto en dinero, sino en que algunas áreas del conocimiento estén más relacionadas directamente con la sociedad y puedan resolver problemas en ese momento.
Recordó que en ciencia básica es una inversión a mediano o largo plazo y que con ello se formarán recursos humanos de alto nivel. México necesita heredar a sus próximas generaciones personas preparadas, cuadros de investigación que puedan, de alguna manera, estar en mejor posición para resolver problemas del futuro, del presente.
Respecto a la participación de la universidades de sostenimiento particular, Marisol Silva Laya, Directora de la División de Investigación y Posgrado de la IBERO, puntualizó que no se debe discriminar de dónde proviene la generación de nuevos conocimientos en la investigación, sino pensar en que esa comunidad científica está generando conocimiento para impulsar una agenda nacional y compartida; en ese sentido, mermar esa comunidad puede tener impactos negativos para el propio desarrollo de la ciencia en México.
Por lo tanto, los criterios que debieran ser tomados en cuenta para evaluar la generación de contenidos tiene que ver con calidad y pertinencia de la producción científica, y no pensar en donde están adscritas las personas que trabajan en ciencia, humanidades e innovación.
Al encabezar la conferencia de presentación de resultados del Foro Interuniversitario, William Lee, Coordinador de Investigación Científica de la Universidad Autónoma de México (UNAM), indicó que no se puede concebir una Ley General de Ciencia sin pensar en las personas que la van a hacer en los próximos 30 o 40 años. Por su parte, las instituciones de educación superior buscarán realizar foros para que estas propuestas se tomen en cuenta en la Cámara de Diputados.
Dijo que la presentación de la declaratoria se trata del resultado realizado en conjunto por instituciones académicas y otras organizaciones del sector publico y privado, que realizan actividades de CTI y tienen el compromiso de participar en la construcción de un México de cara al futuro, inclusivo y responsable con el medio ambiente. Estos planteamientos, indicó, deben necesariamente estar contenidos en una Ley General de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) que aspire a la transformación del país:
Adoptar un federalismo abierto y constructivo que favorezca la distribución de competencias y la coordinación para el funcionamiento del Sistema Nacional de CTI.
Garantizar la participación amplia de la comunidad académica y de los sectores privado y social en los distintos niveles de planeación, formulación y coordinación de la política de CTI a través de órganos autónomos que den voz a las comunidades a nivel nacional y regional.
Elaborar el programa de prioridades nacionales a partir de problemas que requieren una solución urgente para la sociedad, con base en la opinión expresada por las comunidades de científicos, tecnólogos, innovadores y la sociedad en general.
Establecer mecanismos institucionales de comunicación pública de la ciencia que garanticen el derecho humano a los beneficios de la CTI.
Asegurar la libertad de investigación con perspectivas de derechos humanos y equidad de género y el reconocimiento del valor estratégico de todas las formas de ciencia.
Eliminar cualquier discriminación en contra de las y los investigadores que trabajen en instituciones particulares, incluyendo los estímulos como miembros del SIN.
Asegurar el financiamiento estable de la CTI a partir de un porcentaje incremental del gasto público anual, fortalecido con la colaboración público-privada, la formación de redes internacionales, y la protección de derechos de propiedad intelectual, poniendo un objetivo temporal a mínimo el 1% del PIB que señala la ley.
Procurar una adecuada distribución de recursos para la CTI entre las secretarías de estado y federaciones, para enriquecer la política pública, promover el desarrollo transversal de competencias institucionales y asegurar la atención a las necesidades de ciencia y tecnología regionales.
Asignar los recursos a partir de convocatorias regulares y transparentes, que consideren los procedimientos de evaluación de la calidad de proyectos a partir de criterios claros y consensados, que se realicen a través de comisiones plurales en cuya conformación participe la comunidad científica.
Procurar políticas de creación de plazas, cátedras, becas y otras formas de apoyo a la nueva generación de científicos y científicas para evitar su migración y fortalecer la planta existente.
Asegurar que el diseño de la política de CTI se lleve a cabo en forma coordinada entre universidades, institutos tecnológicos y centros públicos de investigación y que se articule adecuadamente con la Ley General de Educación Superior (LGES).
Incluir la perspectiva de género, tanto en lenguaje como en acciones afirmativas.
Establecer la autonomía de decisión operativa, técnica, administrativa y de gestión presupuestaria de los Centros Públicos de Investigación (CPI) y garantizar su libertad de investigación, deseablemente mediante la creación de una ley propia de los CPI.
Establecer incentivos a la innovación tecnológica para que sus beneficios contribuyan al desarrollo incluyente y sostenible.
Promover la coordinación público-privada para el fomento de empresas de base tecnológica, los sistemas con productos agropecuarios, clústeres industriales y cadenas de suministro por medio del fortalecimiento de la cadena de incubación, fondos ángel y aceleradoras.
