Marcela Chavarría y Chavarrría, directora del CEGI UDEM compartió las buenas prácticas en la materia.
Monterrey, México, UDEM.- Capacitar al personal que atiende la violencia de género en el Gobierno municipal fue una de las recomendaciones de Marcela Chavarría y Chavarrría, directora del Centro de Equidad de Género e Inclusión (CEGI) de la Universidad de Monterrey, al ser invitada por el Ayuntamiento de Monterrey.
La profesora de la UDEM fue invitada para compartir las buenas prácticas en la prevención y erradicación de la violencia de género, aplicadas en la UDEM por el CEGI por medio de tres ejes: la formación, la atención de casos y la vinculación.
“A través del conocimiento, de la educación, podremos crear conciencia y sensibilizarnos a esas resistencias con las que nos hemos venido desarrollando, desechar constructos sociales tan arraigados, conocer también los derechos humanos que nos corresponden”, señaló.
“Hay que generar espacios de formación de manera transversal, desde nuestras casas, en la educación primaria hasta profesional, en los temas de equidad, de inclusión, del respeto a la dignidad y avanzar hacia la prevención y erradicación de la violencia de género”, expuso.
Chavarría acudió a la Sala de Sesiones del Cabildo regiomontano, la tarde del jueves, a la primera sesión e instalación de la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres de la municipalidad, ante invitación extendida por la regidora Águeda Ale Valdés, coordinadora de la Comisión.
"Una de las recomendaciones muy importantes es capacitar a los primeros respondientes, a quienes atienden a las víctimas de violencia de género, a fin de lograr acciones de seguridad y protección en beneficio de ellas, así como canalizarlas a los centros de refugio en donde puedan recibir atención y apoyo psicológico y proseguir con los recursos judiciales a que diera lugar”, mencionó.
La académica explicó a las y los regidores las alianzas que el CEGI ha concretado con instituciones como la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, el Instituto Estatal de las Mujeres, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, organismos de la sociedad civil, así como con sus pares de otras instituciones educativas.
Agregó que es un acierto que el municipio y, específicamente, la Comisión para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra la Mujer busque estas aportaciones de los diferentes actores de la sociedad para enriquecer su programa en este tema, así como la construcción de políticas públicas focalizadas en prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.
“Lo que hay que entender es que se requiere de una alianza entre diferentes actores de la sociedad; debe haber una cooperación interinstitucional e intermunicipal, que tiene que ver con Seguridad Pública, con las instituciones educativas, con los centros de resguardo a las mujeres víctimas de violencia, con la iniciativa privada; solamente si se coordinan estos esfuerzos, podremos lograr avanzar en este tema, con la sincronización de todos nosotros”, sostuvo.
Chavarría señaló que el Ayuntamiento deberá crear su programa de trabajo y establecer sus propios ejes, porque “la realidad del municipio que se vive actualmente, requiere de acciones puntuales urgentes”.
La académica mencionó que Nuevo León está bajo la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las mujeres desde noviembre de 2016 y el Municipio de Monterrey es uno de los cinco municipios bajo esta situación.
“Recobrar la confianza en nuestras instituciones para que verdaderamente se legitimen es un paso elemental; no podemos contar con una transformación positiva si no generamos las acciones necesarias en temas de seguridad, de prevención, de acceso a la justicia y la visibilización de estos temas: solamente con las subsecuentes acciones afirmativas podremos acercar a las mujeres a espacios más seguros”, manifestó.
Entre las recomendaciones que hizo la directiva de la UDEM, destacan las de promover políticas públicas de inclusión social, económica y política, así como el empoderamiento de la mujer.
“Que se tenga el acceso a programas eficaces de capacitación que le permitan participar plenamente en la vida pública, privada y social, y, por supuesto, con el suficiente presupuesto para que se concreten”, asentó.
Adicionalmente, mencionó que es importante implementar “mecanismos que aseguren a las mujeres su derecho de acceso a la justicia: medidas de protección, un juicio oportuno y acceso efectivo a resarcimiento y reparación del daño”.
Otro de los puntos relevantes es fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de justicia: policías, funcionarios encargados de la aplicación de la ley, personal a cuyo cargo esté la aplicación de las políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer, así como programas de derechos humanos para las mujeres.
“Para nosotros, una parte toral es la educación: somos semilleros de quienes se están formando como ciudadanos sensibles y respetuosos de la dignidad del ser humano, de quienes serán nuestros líderes políticos, dirigentes de empresas, de capital humano; en la medida que formemos en el respeto a la dignidad del ser humano, en la igualdad, en la inclusión, en esa medida se verán traducidas nuestras acciones en la sociedad”, indicó.
“Una sociedad segura, equitativa e incluyente la construimos todas las personas”, apuntó.
