Por Daniel Santiago
Monterrey, México, El Norte.- En el momento en que fue claro que el colegio cometía un acto de discriminación contra su hijo de 7 años y con síndrome de Down, Gabriela y Daniel decidieron sacarlo de ahí.
Habían aceptado la condición de contratar a un maestro especializado, llamado "monitor" o "sombra", pagado por la familia. También habían accedido a la petición, hecha únicamente a ellos, de llevar al niño por solo unas horas, con el pago completo de la colegiatura.
Pero no había mejoras: las calificaciones siempre iban en un sentido negativo y, en general, el colegio no presentaba interés en la inclusión del chico. Gabriela y Daniel supieron que nada iba a cambiar cuando el colegio les hizo una propuesta.
"El colegio se dio cuenta que a él le gustaba barrer y me dijeron: '¿Por qué mejor no le damos puras actividades de vida práctica? Al fin y al cabo es lo que va a ser cuando sea grande'", recuerda Gabriela que le propuso la directiva del colegio.
La escuela, ubicada en San Pedro, no veía en el niño una capacidad de superación o de logros.
Estaban ante un claro acto de discriminación en el que no sólo se trataba de manera desigual a su hijo en comparación con otros estudiantes, sino que se le limitaban sus oportunidades.
"Administrativamente, el colegio hacía lo que le convenía, dejando desprotegido al más vulnerable: a mi hijo", apunta Daniel.
DERECHO DE ADMISIÓN
A pesar de que el derecho a la educación de todas las niñas y los niños se estipula en la Constitución, leyes nacionales y locales, así como tratados internacionales, para quienes viven con alguna condición como autismo, déficit de atención, síndrome de Down o neurodiversidad, el calvario comienza desde antes de llegar a la escuela.
Tras salir del colegio, Gabriela y Daniel buscaron nuevas opciones para su hijo, pero al incluir la palabra Down vía WhatsApp los dejaban "en visto".
La negativa de los centros educativos, tanto públicos como privados, convierte la búsqueda en un peregrinaje que desgasta.
En algunos colegios, la respuesta es sencilla: "No tenemos programas de inclusión".
Cuando el colegio dice que sí lo tiene esto suele consistir en la contratación de un maestro sombra por parte de los padres, práctica que las tendencias educativas inclusivas cuestionan.
Una vez dentro, la falta de información y capacitación de maestros y directivos sobre la atención a un niño con discapacidad intelectual deriva en actos de discriminación.
"Vivimos un infierno seis meses en un colegio donde yo llevé a una maestra sombra, especializada, a la que no le permitieron hacer ajustes a las actividades de mi hijo", cuenta Laura Acosta, madre de un niño en condición de neurodiversidad, y quien forma parte del movimiento Educación sin Barreras NL.
"Fue atroz, esto fue en preescolar.
Le decían a la maestra sombra: 'Él no puede usar un lápiz diferente', 'él no puede escribir en el suelo, se tiene que sentar en su silla'. Era una presión diaria con la que nos decían: 'A este niño no lo queremos'".
Educación sin Barreras NL inició hace dos años con una exigencia a la Secretaría de Educación del Estado de parar los casos de exclusión en escuelas privadas y cumplir con lo que estipulan las leyes y tratados internacionales suscritos por México.
Conforme el movimiento se difundió, comenzaron a llegar casos de escuelas públicas.
En ellas también existen rechazos, a veces por los mismos papás de la comunidad educativa de la escuela que dicen: "Mi hijo se va a atrasar" si tiene compañeros con condición neurodiversa o discapacidad intelectual.
Ya dentro de las escuelas el sufrimiento continúa: los niños y sus familias son etiquetados como "problemáticos", además de que la atención llega a ser condicionada a un diagnóstico clínico, lo que no está estipulado en la ley, y no a una evaluación psicopedagógica para conocer las necesidades del niño Estas familias reconocen la ayuda que representan las maestras monitor o sombra, también la existencia de centros especializados para la atención terapéutica de diferentes condiciones, pero han decidido alzar la voz porque estos niños tienen el derecho constitucional a una educación inclusiva.
De acuerdo con un reporte de la SEP, la atención educativa es un reto mayor en el caso de menores de 15 años con limitaciones de movilidad, visión, escucha, de tipo mental, para la comunicación, para atender su cuidado personal y en el aprendizaje.
El reporte "La discapacidad y derecho a la educación en México", de Mejoredu-SEP, indica que en el ciclo escolar 2019-2020 se tuvo el registro de 429 mil 242 niñas, niños y adolescentes con discapacidad inscritos en educación básica, con una atención principalmente a la de tipo intelectual.
En contraste, Inegi reporta que en el País hay 900 mil niñas y niños con alguna discapacidad, es decir, cerca de 500 mil niños con estas condiciones están fuera del sistema educativo.
LA SOMBRA DEL MONITOR
La del maestro sombra es una figura para cuidar al alumno con discapacidad en el colegio y ayudarle en su aprendizaje.
Tiene sus ventajas: "Uno no sabe si le van a hacer bullying o cómo lo vayan a tratar", dice una madre de familia.
En 2023, el Congreso local aprobó la ley para la atención de las personas en el espectro autista y otras condiciones de la neurodiversidad que incluye el derecho de los niños a tener un maestro sombra, al que define como una figura: "Con preparación pedagógica y psicológica especializada en la condición del Espectro Autista y otras condiciones de la neurodiversidad, que crea un puente de comunicación y entendimiento entre la niñez y el ambiente escolar y, en general, con el entorno social".
Sin embargo, esta función no está regulada.
Es el padre de familia quien debe conseguir, contratar y pagar por su cuenta al maestro acompañante. El sueldo puede ir de 2 mil a 4 mil pesos semanales y, en ocasiones, a quien se contrata es alguien que aún no termina su carrera educativa.
A Patricia, nombre ficticio, el colegio donde había inscrito a su hija con síndrome de Down le exigía no sólo pagar el sueldo de la maestra monitor, también las prestaciones de ley y los bonos a los que los demás maestros del plantel tuvieran acceso.
Esto, además de la colegiatura completa.
"Ellos me tenían que decir el sueldo porque no podía ganar diferente de los otros maestros del colegio", cuenta. "Además, tenía yo que darle todo tipo de capacitación.
"El colegio se desobliga por completo: si la maestra sombra no podía ir, la niña tampoco podía ir. Podían poner a una maestra de ellos, que es maestra sustituta, pero tú le tienes que pagar esos días".
Nunca hubo una voluntad del colegio para lograr la integración de su hija.
"El colegio se limitaba a 'Aquí tienes una silla', y la maestra del salón ni siquiera se dirigía a la niña, se dirigía a la maestra monitor".
Una fuente de la Secretaría de Educación del Estado indicó que esta función sombra puede ser ilegal, pues en las normas que otorgan el Reconocimiento de Validez (RVOE) a los colegios, éstos deben reportar a todo su personal. No puede haber al interior del plantel personas externas que no estén en ese listado.
Humberto Rodríguez, director de la Normal de Especialización Humberto Ramos Lozano, que forma a maestros especializados en atención a necesidades especiales, dice que la figura del maestro sombra o monitor es inadecuada.
"(Con el maestro sombra) Estoy proyectando que mi centro educativo no está dispuesto a hacer ningún ajuste de ningún tipo: si la familia quiere que el niño forme parte de esta comunidad, tendrá que ajustarse a mi ritmo, a mi manera de trabajo.
"En términos de derechos, ese maestro monitor o sombra es toda una contradicción a la visión de inclusión. Tenemos de pronto en el aula a una persona que no pertenece a la escuela, que ha sido contratada por los padres de familia, que está sólo para la atención de ese niño o de esa niña".
Alma Bocanegra, presidenta de la Asociación de Psicólogos Escolares, dijo que el maestro monitor es importante, incluso bueno en algunos casos, pero no de manera permanente.
"Tiene que ir amoldándose de acuerdo al desarrollo del niño", señaló.
EXPULSIÓN
Un caso reciente de discriminación ocurrió en un colegio de San Nicolás. Cynthia Ramírez, mamá de un niño con el diagnóstico dentro del espectro autista y con trastorno de déficit de atención, dijo que su hijo sufrió acoso escolar por parte de sus compañeros y fue expulsado. El colegio argumentó que no era incluyente.
El 14 de marzo, Cynthia entregó un oficio a la Secretaría de Educación estatal para revisar su situación. Considera que el colegio cometió violencia contra su hijo al no dejarlo regresar. No ha recibido respuesta de la dependencia.
"Debe de existir algún reglamento que determine cuál es la sanción correspondiente para los hechos que hicieron contra mi hijo", exige Cynthia.
"Que apliquen la ley, lo que corresponda, y no tanto por mi hijo, sino para que no vuelva a suceder: que ninguna familia pase por lo que nosotros hemos y estamos pasando, porque es el infierno".
En 2022, luego de reuniones entre Educación sin Barreras NL y la Secretaría de Educación del Estado, la dependencia envió una circular a inspectores escolares pidiéndoles evitar negar la admisión a niñas y niños con discapacidad.
También advirtió a las particulares que debían prepararse para tener sus programas de inclusión, financiados por ellos.
"Pero el problema sigue", lamenta Acosta, una de las iniciadoras del movimiento. "No hay reglamento con sanciones específicas para casos de discriminación según el actor, si es maestro, si es director de escuela, si es dueño de la escuela o si es padre de familia".
Esto a pesar de que la dependencia cuenta con una dirección de Educación Inclusiva, a cargo de Liliana Villafranca; una dirección de Educación Especial, dirigida por Yair Otoniel Cano, y una de Escuelas Particulares, a cargo de Olivia Flores Garza.
Para Maribel Ramos, integrante de la misma red de familias, estas acciones de discriminación representan un acto de violencia institucional por parte de las escuelas y colegios que las cometen.
"Es una violencia institucional muy fuerte que presiona a las familias, la negación a ingresar a las escuelas y el maltrato que viven las familias tanto en particulares como en públicas", señala.
El pasado 2 de abril, en el Día Mundial de la Concienciación del Autismo, otro movimiento de mamás, recién creado, acudió a Palacio de Gobierno para exigir que sus hijos reciban un trato digno.
En las privadas, la situación tampoco ha cambiado.
"Con las particulares no hay nada qué hacer, no podemos hacer nada", asegura Acosta que fue la respuesta de una funcionaria de Educación.
Sin embargo, una nueva tesis de jurisprudencia publicada en enero por el Semanario Judicial de la Federación, indica: "Las instituciones educativas particulares de nivel básico no pueden adoptar posturas normativas, publicitarias, contractuales o de facto, en las que se reserven de forma abierta y arbitraria el derecho de admisión de las y los alumnos para la prestación de servicios educativos".
Lo que dice esta jurisprudencia es que "está bien que como colegio tienes ciertas reglas, lineamientos, pero no puedes estar por encima de lo que marca la Constitución", explica el abogado y doctor en educación Héctor Hernández.
También hay una exigencia hacia algunas de las Unidades de Inclusión Educativa (Udeis) que no sólo no son suficientes, sino que hay casos en los que, a pesar de que una escuela cuenta con este equipo de trabajo, hay niños que lo necesitan y no son atendidos.
Las Udeis sustituyeron a las USAER y fueron creadas para garantizar la educación a todas las niñas y niños, valorando las diferencias en su aprendizaje, a través de un equipo multidisciplinario en las escuelas públicas.
En el papel, son un gran apoyo, pero en la práctica, algunas fallan.
