El Estado debe promover la autonomía de las Pcd y que accedan a un trabajo decente
Por Reyes Ramiro Gamez Barboza
Monterrey, México (Agencia de Noticias 3er Sector).- Al terminar la primera semana de las reuniones de transición del Gobierno de Nuevo León, uno se entera que en la Secretaría de Desarrollo Social durante el sexenio han disminuido su presupuesto, disminución que impacta en la Subsecretaría de Inclusión Social y Atención en Grupos Vulnerables.
Dicha Subsecretaría se compone de la Dirección de Inclusión Social la cual diseña, propone e implementa los mecanismos de articulación y control de acciones de inclusión social de los sectores sociales más desprotegidos que fortalezcan la capacidad de la sociedad de conocer y canalizar la problemática comunitaria, mientras que la Dirección de Atención a Grupos Vulnerables ejecuta los mecanismos de atención que promuevan el desarrollo social integral de los grupos o familias en situación vulnerable.
En el 2020 al presentarse el Quinto Informe de Gobierno se menciona que desde la Secretaría de Desarrollo Social se entregaron “990 aparatos de movilidad como sillas de ruedas, bastones y andadores, así como colchones antillagas y camas de hospital a 469 personas adultas mayores y 521 personas con discapacidad. En la presente administración se han otorgado alrededor de 16,000 aparatos de movilidad a cerca de 12,000 personas adultas mayores y personas con discapacidad”.
Además de que en el mes de febrero de 2020 se entregaron 92 aparatos auditivos a 55 personas diagnosticadas con pérdida de la audición por especialistas y “desde el inicio de la campaña se han entregado 5,872 aparatos auditivos a 3,236 personas en situación de vulnerabilidad”.
La Secretaría destacó que con la finalidad de promover acciones que favorezcan la atención de las personas con algún tipo de discapacidad, en julio de 2020 se publicó la Convocatoria para Organizaciones de la Sociedad Civil, dirigida a desarrollar actividades orientadas a la atención médica y la prevención de enfermedades, la inclusión laboral, educativa, sociocultural y deportiva, además de a la adecuación de infraestructura para una mejor movilidad de las personas con discapacidad y “se han desarrollado 25 proyectos sociales con un monto total de 8 millones de pesos”.
En dos páginas del Quinto Informe se detallaron las acciones de inclusión y atención a las personas con discapacidad por parte del Gobierno de Nuevo León a través de la Secretaría de Desarrollo Social, si observamos el Estado se enfoca en el derecho de la Asistencia Social, sin embargo en sus proyectos de coinversión social con las Organizaciones de la Sociedad Civil de y para las personas con discapacidad les delega ejercer los derechos a la Salud, Empleo, Educación, Cultura, Recreación, Deporte, Movilidad.
Cuando es la Secretaría de Desarrollo Social a través de la Subsecretaría de Inclusión Social y Atención en Grupos Vulnerables quien debería de generar políticas públicas transversales, ya que de hacerlo es que entonces las dependencias encargadas del deporte, cultura, trabajo, salud, educación, movilidad tendrían programas que permitirían a las personas con discapacidad ejercer sus derechos y entonces tal vez esos 8 millones de pesos que destinaron a las OSC se podrían usar para brindar talleres de capacitación laboral o de oficios a las personas con discapacidad que acuden a los centros comunitarios de la Secretaría de Desarrollo Social, también se podría tener material para la difusión de la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la sinergia con las OSC sería en aquellos zonas en las que a veces los ciudadanos ya no confían en las personas del gobierno pero requieren de servicios de salud, alimentación, apoyos funcionales, es ahí donde las OSC facilitarían el acercamiento entre el ciudadano y las dependencias gubernamentales.
Tal vez por esa inoperancia de la Subsecretaría de Inclusión Social y Atención en Grupos Vulnerables al garantizar el pleno ejercicio de los derechos del colectivo, es que ciudadanos con discapacidad durante la campaña electoral se acercaron al hoy gobernador electo de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, para plantearle la creación de un Instituto para las Personas con Discapacidad, el cual dijeron su finalidad será desarrollar las políticas públicas transversales.
García Sepúlveda hizo el compromiso de que al ganar las elecciones y al asumir constitucionalmente el cargo presentará al Congreso del Estado una iniciativa para reformar la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad y así poder crear dicha dependencia.
Entonces el 4 de octubre de 2021, García Sepúlveda junto con su equipo deberá arrastrar el lápiz presentar una iniciativa de ley en la que quede claro que ese Instituto será el rector de las políticas públicas que garanticen el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, que no deberán duplicarse los programas y acciones que vaya a realizar el nuevo organismo, claro que tendrán una relación cercana con las OSC de y para las personas con discapacidad, pero esa relación deberá ser para escuchar las propuestas que lleven de las personas con discapacidad a las que atienden, no para otorgarles recursos, ya que la legislación es clara, la dependencia que realiza la coinversión social es la Secretaría de Desarrollo Social.
Pero obviamente para que funcione una dependencia es necesario tener un presupuesto, por lo que García Sepúlveda tendrá que pensar que si llega a tenerse el Instituto para las Personas con Discapacidad, le deberá asignar un presupuesto que le permita socializar en los 51 municipios el contenido de la ley que protege los derechos de las personas con discapacidad, brindar talleres a la población con discapacidad que les permitan presentar a las autoridades estatales propuestas para mejorar las políticas públicas, también capacitar a los servidores públicos en la atención que deben dar a los ciudadanos con discapacidad que acuden a las dependencias estatales y municipales.
Pero uno reto que tendrán en el siguiente sexenio es el poder contar con medidas eficaces de protección social que protejan a las personas con discapacidad, promuevan su autonomía y su acceso a un trabajo decente. Los sistemas de protección social inclusivos en materia de discapacidad garantizan el acceso efectivo a los regímenes generales a las personas con discapacidad, en combinación con prestaciones específicas y servicios de apoyo para atender a sus necesidades concretas.
Dichas medidas deben abarcar a todas las personas con discapacidad, no deberán focalizarse solamente en las personas que habitan en polígonos de pobreza.
Entonces en el caso de llegar a contar en Nuevo León con el Instituto para las Personas con Discapacidad, quienes lo lleguen a integrar tendrán que proponer que el Gobierno de Nuevo León diseñe programas que le permitan a las personas con discapacidad tener garantizada la seguridad de los ingresos, promover el empleo y facilitar el acceso a servicios sociales, tales como la educación, la salud y el transporte público, así como a los servicios de apoyo, incluida la asistencia social, el cuidado infantil y el acceso a dispositivos de ayuda. Puesto que la protección social atiende las necesidades relacionadas con la discapacidad y otras necesidades, también contribuye a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD) de las Naciones Unidas.
