La Ley de Egresos debe garantizar los derechos de las Pcd
Por Reyes Ramiro Gamez Barboza
Monterrey, México (Agencia de Noticias 3er Sector).- En el Paquete Fiscal del año 2022 el Gobernador Samuel García Sepúlveda no hizo un gasto transversal hacia las Personas con Discapacidad (Pcd), ni tampoco pudo cumplir su promesa de campaña que era presentar una iniciativa para reformar la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad con la finalidad de crear el Instituto de las Personas con Discapacidad.
En el mes de septiembre del 2022 a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, quien escribe, le solicito a la Secretaría de Igualdad e Inclusión del Gobierno de Nuevo León informar si hubo un presupuesto dentro del Paquete Fiscal para el tema de Discapacidad, la dependencia respondió el 6 de octubre "que conforme a la Ley de Egresos para el Estado de Nuevo León para el ejercicio fiscal de los años: 2021 y 2022, no se destinó a esta Secretaría una asignación presupuestaria para el tema de discapacidad; no obstante, cabe mencionar que si hay un presupuesto destinado para el tema de discapacidad, el cual deriva del presupuesto asignado a la Dirección de Atención de Grupos Vulnerables (ahora Dirección de Protección Social y Desarrollo Humano)".
En su primer Informe de Gobierno, el Gobernador destacaba que desde la Secretaría de Igualdad e Inclusión a los adultos con discapacidad de 30 a 64 años y en condición de vulnerabilidad se les había comenzado a entregar un apoyo económico. Otras de las acciones que hace dicha dependencia es apoyar con la entrega de aparatos funcionales que requieren las personas con discapacidad para mejorar su calidad de vida.
Es bueno que dentro de la dependencia enfoquen parte de su presupuesto para brindar esos apoyos a las personas con discapacidad en condiciones de vulnerabilidad social y en situación de pobreza, pero es prioritario que la Ley de Egresos que presenta el Gobernador sea transversal y así pueda garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las 806,079 personas con discapacidad que habitan en Nuevo León.
La Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad señala que el Gobernador debe proponer en el proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado las partidas correspondientes para la aplicación y ejecución del programa estatal dirigido a las personas con discapacidad, además el Gobierno crea el Consejo para las personas con Discapacidad el cual será un órgano de consulta y asesoría para coadyuvar en acciones específicas de concertación, coordinación, planeación, promoción, seguimiento y vigilancia de las acciones que permitan garantizar condiciones favorables a las personas que enfrentan algún tipo de discapacidad.
Pero al revisar al los informes de los dos primeros trimestres del 2022 sobre las actividades del Consejo para las Personas con Discapacidad, llama la atención que hasta la sesión del 12 de mayo, es cuando propusieron analizar los datos de los presupuestos destinados para las personas con discapacidad dentro de cada Secretaría. También aprobaron dar seguimiento presupuesto etiquetado para el tema de personas con discapacidad.
Es decir que habían transcurrido cinco meses del Paquete Fiscal del 2022 y los ciudadanos que forman parte del Consejo apenas iban a preguntar a la autoridad sobre si había recursos para el tema Discapacidad, ¿de verdad no pudieron en Diciembre del año 2021 leer la Ley de Egresos del 2022 aprobaba por el Congreso y publicada en el Periódico Oficial del Estado?
Posteriormente el 7 de julio del 2022 "las personas integrantes asistentes del Consejo, con fundamento en el artículo 17 del Reglamento Interior del Consejo para las Personas con Discapacidad del Estado de Nuevo León, aprobaron la junta extraordinaria, en donde las Secretarías presenten sus programas de acción, para coadyuvar en tiempo y forma en el presupuesto del próximo año".
Cabe recordar que en el mes de octubre, al tomar protesta a la nueva presidenta del Consejo para las Personas con Discapacidad, Maryangel García-Ramos Guadiana, el Gobernador propuso incluir a este sector de la población en el presupuesto del próximo año y que la accesibilidad universal sea garantizada en todas las obras públicas estatales.
Pero como García Sepúlveda no ha presentado ante el Congreso la Ley de Egresos para el 2023, ya que el 20 de noviembre del 2022 que era la fecha límite, no fue a entregar ninguna propuesta, es que desconocemos si al final los ciudadanos que son parte del Consejo para las Personas con Discapacidad pudieron coadyuvar con el Gobernador para priorizar los derechos de las personas con discapacidad en el gasto público estatal.
Pero tampoco crean que los integrantes de la LXXVI Legislatura del Congreso de Nuevo León en sus intervenciones en tribuna durante noviembre o diciembre pusieron en la tribuna el dar recursos para el tema Discapacidad, ya que a ellos y ellas basta escucharlos en sus discursos y entender que siguen visibilizando a las personas con discapacidad desde el modelo medico y no el modelo de derechos humanos.
Por desgracia iniciamos el año 2023 sin una Ley de Egresos, pero peor es la incertidumbre por saber si en Nuevo León se tendrá al primer Gobernador que presente un presupuesto con recursos etiquetados para la población con discapacidad.
Así que atentos en lo que suceda en estos días del mes de enero, febrero o marzo, ya que nadie sabe a ciencia cierta cuando el Poder Ejecutivo y el Legislativo terminen sus diferencias.
