La Procuraduría de la Defensa de las Pcd es necesaria para lograr un pleno ejercicio de los Derechos.
Por Reyes Ramiro Gamez Barboza/Agencia de Noticias 3er SECTOR
Monterrey, N.L.- Para lograr que las personas con discapacidad ejerzan de manera plena lo que se menciona en la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad es necesario que se nombre al titular de la Procuraduría de la Defensa de las Personas con discapacidad.
La Procuraduría de la Defensa de las Personas con discapacidad es un Órgano Administrativo Desconcentrado jerárquicamente subordinado al Organismo Público Descentralizado denominado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Nuevo León (Sistema DIF), por eso llama la atención que en dos años el Director General del DIF estatal aún no le presente al Gobernador Jaime Rodríguez Calderón una terna con abogados mayores de 30 años de edad y con experiencia acreditada en la atención de personas con discapacidad y sus necesidades, para que así el Jefe del Ejecutivo estatal decida el nombramiento del titular de la Procuraduría de la Defensa de las Personas con discapacidad.
La Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el Artículo 64 señala que a la Procuraduría de la Defensa de las Personas con discapacidad le corresponde “vigilar que las políticas públicas en atención y apoyo a las personas con discapacidad sigan los principios de equidad, justicia social, equiparación de oportunidad, el reconocimiento de las diferencias, la dignidad, la inclusión, el respeto, la accesibilidad universal, el fomento a la vida independiente, la transversalidad, el diseño universal y la no discriminación por motivos de discapacidad. Además la Procuraduría debe “orientar, asesorar y asistir gratuitamente en materia legal cualquier asunto en que las personas con discapacidad tenga un interés jurídico directo, en especial aquellos que se refieren a su salud y seguridad. Vigilar que a toda persona con discapacidad se le garantice el derecho de ser escuchada en los ámbitos médico y legal, con la intervención de la familia o autoridad competente en su caso”.
Por eso es que urge se nombre al titular de la Procuraduría para que logre que las personas con discapacidad ejerzan de manera plena sus derechos, que no encuentren ninguna barrera y en caso de haberlas aplicar lo que marque la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Además el trabajo de la Procuraduría es importante para orientar de manera clara a las personas con discapacidad en los temas jurídicos, ya que en Nuevo León los integrantes del Poder Judicial requieren saber la mejor manera para interactuar con una persona con discapacidad, saber qué apoyos va requerir, es decir si hay que contar con un intérprete de Lengua de Señas Mexicanas, textos en braille, si hay accesibilidad universal en su Juzgado; igualmente esos apoyos se deben dar en el sector salud, para que así la persona con discapacidad sepa de manera precisa los procedimientos que le van a realizar en beneficio de su bienestar.
La Procuraduría también puede “promover ante la autoridad competente cualquier trámite, querella, denuncia o demanda cuando la persona con discapacidad se encuentre en situación de abandono por parte de los familiares o cuidadores”, esto es importante ya que en Nuevo León en algunas ocasiones los ciudadanos hacen reportes a los medios de comunicación o alguna dependencia pública de que en alguna casa dejan solos todo el día a una persona con discapacidad o escuchan que lo maltratan, ante esto la Procuraduría acude a verificar esos reportes, para así determinar las acciones a seguir en caso de que se compruebe un maltrato y velar por el bienestar de la persona con discapacidad.
La Procuraduría también debe “determinar en los casos urgentes y de manera provisional el ingreso de personas con discapacidad en situación de abandono, quienes por razón de trastorno psíquico y que no esté en condiciones de decidirlo por sí, se dañe a sí mismo o dañe a otros, en una institución pública o privada de salud mental o asistencia social como medida de protección y asistencia, dando aviso de inmediato al Juez competente, conforme a lo establecido en el Código Civil para el Estado de Nuevo León”
Así mismo la Procuraduría debe “vigilar y en su caso visitar los establecimientos públicos o privados donde se atienda a personas con discapacidad, para asegurar que cuenten con las adecuaciones necesarias para su atención, y así garantizar el pleno respeto a su integridad física y mental”.
En este aspecto la Procuraduría atienden aquellas observaciones de las personas con discapacidad que acuden a algún sitio público o privado y no se cuenta con la Accesibilidad Universal, es que la Procuraduría va invitar a que se hagan las adecuaciones necesarias para garantizar una plena movilidad. Además de recordar que a las personas con discapacidad que usan perro de asistencia no se les debe negar el acceso a los establecimientos públicos privados.
Así mismo “para los efectos de planeación, programación, ejecución, seguimiento y control de políticas públicas en la materia, la Procuraduría, deberá mantener un Registro Estatal de Personas con Discapacidad. Recibir, atender, orientar o en su caso remitir, a la instancia competente, las denuncias o reclamaciones de abuso o violación de los derechos de las personas con discapacidad establecidos en la presente Ley”.
Por ello señor Gobernador le reitero que es urgente que se nombre al titular de la Procuraduría de la Defensa de las Personas con discapacidad, para que se garantice que la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad no es letra muerta, sino que es un documento que se traduce en políticas públicas que generan el pleno ejercicio de los Derechos.
De esta manera es que Nuevo León podrá decir que es un Estado y Sociedad Incluyente.
