Hoy ante una pandemia como la del COVID-19, muchas Pcd realizan trabajos informales
Por Reyes Ramiro Gamez Barboza
Monterrey, México (Agencia de Noticias 3er Sector).- Ya ha pasado un año y seis días que la Coordinación Ejecutiva para la Administración Pública del Gobierno de Nuevo León presentaba el proyecto "Vida Incluyente Trabajo Accesible y Equitativo (VITAE)", el objetivo del proyecto era que en la administración pública estatal se tuviera una plantilla laboral de un poco más de mil 800 personas con discapacidad.
El entonces encargado del despacho de dicha dependencia, Waldo Fernández González, dijo que mediante dicho proyecto, el gobierno estatal iba dar cumplimiento a lo que dice la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad que en su Artículo 22 fracción IV señala que se deben "Formular y ejecutar acciones específicas de incorporación de personas con discapacidad como servidores públicos del Estado y los municipios, las cuales deberán garantizar que al menos el 2 por ciento del total de la plantilla laboral de la administración pública sea destinada a la contratación de personas con discapacidad".
También se señalaba que el Consejo para las Personas con Discapacidad iba elaborar un manual para promover la inclusión entre los servidores públicos de las 16 dependencias y 40 organismos que conforman el gobierno estatal, además de tener una persona con discapacidad que iba estar informando al Consejo sobre las acciones de inclusión.
Sin embargo en el documento del cuarto informe de gobierno no se menciona que durante el 2019 se haya brindado un taller de inclusión a los servidores públicos.
Tampoco se indica que la Coordinación Ejecutiva de la Administración Pública del Estado haya establecido el proyecto VITAE.
En el tema de la inclusión laboral, se informa que el programa Abriendo Espacios de la Secretaría de Economía y Trabajo, pudo colocar a 714 personas con discapacidad en alguna de las vacantes ofrecidas por las empresas, pero no menciona nada del proyecto VITAE.
También se señala que la Secretaría de Desarrollo Social participa en el Consejo para las Personas con Discapacidad al que erróneamente en el documento citan como el "Consejo Ciudadano para Personas con Discapacidad", sin embargo esa figura no existe en la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la entidad. Sobre el proyecto VITAE hay una vaga referencia, ya que solamente mencionan que se hizo la "Reforma de Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Se apoyó la reforma al artículo 22, fracción IV, sobre inclusión laboral, con el fin de que el 2 por ciento de la nómina de gobierno sea destinado a personas con discapacidad, de manera paulatina".
Entonces a este punto llegamos a un conflicto, ya que desde la Coordinación Ejecutiva para la Administración Pública del Gobierno de Nuevo León dijeron era en un año, pero desde la Secretaría de Desarrollo Social dicen que será de manera paulatina.
Si vamos a la definición de la palabra paulatina, encontramos que es algo que se produce de manera lenta.
Pero entonces si va ser de manera lenta y gradual el cumplir con el 2 por ciento de empleados con discapacidad en la nomina estatal, uno no comprende porque hace un año desde el Consejo para las Personas con Discapacidad, como se dice coloquialmente le estuvieron "siguiendo la corriente" al entonces encargado del despacho de la Coordinación Ejecutiva para la Administración, de que para junio del 2020 el Gobierno del Estado de Nuevo León iba a cumplir con lo que dice el Artículo 22 de la ley que garantiza los derechos de las personas con discapacidad.
Los ciudadanos que formen parte del Consejo para las Personas con Discapacidad deben socializar la información que les proporciona el gobierno estatal al colectivo con discapacidad, ya que la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad menciona que el Secretario Técnico de dicho Consejo debe "elaborar trimestralmente un informe de las actividades del Consejo para su difusión a la ciudadanía".
Ya que los jóvenes y adultos con discapacidad que hace un año escucharon que en el gobierno estatal iban estar contratando para diferentes puestos, claro que han buscado aplicar a estas vacantes, pero la realidad los golpea en la cara, ya que hubo señales cruzadas entre las dependencias.
Porque lamentablemente desde el Consejo para las Personas con Discapacidad que es el órgano de consulta y asesoría para coadyuvar en acciones específicas de concertación, coordinación, planeación, promoción, seguimiento y vigilancia de las acciones que permitan garantizar condiciones favorables a las personas que enfrentan algún tipo de discapacidad, ya no les informaron sobre el avance del proyecto VITAE.
Tal vez los ciudadanos con discapacidad deben usar los mecanismos de transparencia y acceso a la información para conocer realmente las acciones de políticas publicas de inclusión que realizan tanto el gobierno estatal y los 51 Municipios.
Hoy ante una pandemia como la del COVID-19, muchos jóvenes y adultos con discapacidad que realizan trabajos informales no han logrado por casi tres meses obtener ingresos debido a que han tendio que quedarse en sus casas para evitar contagios de dicha enfermedad, pero la situación es más complicada cuando esas personas adultas con discapacidad son jefas o jefes de familia.
Recordemos que en Nuevo León desde el 2019 ya no se da el apoyo monetario mensual que se entregaba a través de la Secretaría de Desarrollo Social estatal, tal vez usted dirá pero los adultos con discapacidad pueden trabajar, claro que pueden aportar a la fuerza laboral, pero muchos ya se han cansado de aplicar a vacantes, aún cuando cumplan con los requisitos para esa vacante, muchos empleadores deciden no contratarlos, por lo que un proyecto como VITAE es atractivo para la persona con discapacidad.
En algunos Municipios hay personas con discapacidad trabajando como radio-operadores en dependencias como son la Secretaría de Seguridad Pública, Protección Civil, otros en puestos administrativos y algunos en Servicios Primarios realizando labores de jardinería o dando mantenimiento a los espacios públicos.
Pero hay personas con discapacidad con grados universitarios que tienen ideas que realmente pueden lograr una política pública transversal, ya que su visión enriquecería los proyectos de accesibilidad universal diseñados en el gobierno estatal.
Es prioritario que dependencias como la Secretaría de Economía y Trabajo, la Secretaría de Desarrollo Social y el DIF a través del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), tengan una sola base de datos de las personas con discapacidad que buscan empleo, para que así contacten a aquellos candidatos que cumplen con el perfil de alguna vacante que se encuentre disponible en la administración pública estatal.
A la par se debe generar información a los servidores públicos para lograr una mejor interacción con las personas con discapacidad que ya laboran en el gobierno estatal y así seguir creando un mejor ambiente laboral para cuando ingresen más personas con discapacidad.
Esperemos que para el quinto informe de gobierno ya se diga que se incrementaron las plazas laborales que son ocupadas por personas con discapacidad en la administración pública estatal.
