Por Reyes Gamez/Agencia de Noticias 3er SECTOR
Monterrey, N.L.- El Informe del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas acerca de su misión a México, señala que aún falta mayor transparencia por parte de las empresas al realizar un proyecto.
Los integrantes de este Grupo de Trabajo de la ONU realizaron una visita a México del 29 de agosto al 7 de septiembre del 2016 para conocer lo relacionado con los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas.
En este Informe se detalla que "el Grupo de Trabajo observa que una de las principales preocupaciones causadas por las violaciones de los derechos humanos en relación con las empresas tiene que ver con el ejercicio inadecuado, por parte del Gobierno y las empresas, de la diligencia debida en materia de derechos humanos en el diseño y la ejecución de proyectos en gran escala en la reparación adecuada de los daños causados", mencionan que "se trata principalmente de proyectos en los sectores de la minería, la energía, la construcción y el turismo, que a menudo afectan a las comunidades indígenas.
Otras preocupaciones básicas guardan relación con los derechos laborales y la capacidad del Gobierno de supervisar eficazmente el cumplimiento de las normas laborales y ambientales. La urgencia de atraer inversiones, la insuficiencia de las salvaguardias y la falta de capacidad para hacer cumplir la legislación vigente crean un entorno en el que los derechos humanos se pueden vulnerar con impunidad".
Añaden que el Grupo de Trabajo "constató la ausencia de diálogo con las comunidades, en la tradición y en la práctica, en el contexto de los proyectos a gran escala, así como la gran necesidad de establecer mecanismos eficaces de consulta y fortalecer una cultura de diálogo social".
El Grupo de Trabajo recuerda que "las consultas deben realizarse lo antes posible en el proceso de diseño de los proyectos y han de dejar abierta la posibilidad de que algunos proyectos no sean viables".
Así mismo el Grupo de Trabajo refiere que "la información presentada por las comunidades afectadas indica que, cuando se producen violaciones de los derechos humanos, denunciarlas no es sencillo porque a menudo conlleva represalias, y acceder a las vías de recurso puede resultar difícil" y "una preocupación que se expresa repetidamente en este documento es que el Estado está sujeto a los intereses de las empresas".
Así mismo "el Grupo de Trabajo constató la existencia de una gran desconfianza entre las diferentes partes interesadas. A esa desconfianza contribuyen los insuficientes niveles de transparencia y consulta con las comunidades afectadas", además "que la percepción del poder que ejercen las empresas se ve reforzada por los casos de acoso e intimidación contra quienes denuncian violaciones de los derechos humanos relacionadas con proyectos de desarrollo y operaciones empresariales".
Por lo tanto el Grupo de Trabajo exhorta al Gobierno a garantizar "la celebración de consultas previas e informadas con las comunidades afectadas por proyectos de desarrollo y operaciones empresariales, que deberán iniciarse lo antes posible en el proceso de determinación de los diseños de los proyectos y de evaluación de sus efectos, entre otras cosas impartiendo instrucciones a los funcionarios públicos acerca de este requisito. Adopte medidas adicionales para asegurar el cumplimiento, en la práctica, de las normas internacionales sobre el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas.
Haga sentir su influencia en la práctica empresarial, vele por que las empresas que sean propiedad del Estado o estén bajo su control incluyan criterios de derechos humanos en sus prácticas de contratación pública, e integre la diligencia debida en materia de derechos humanos en las políticas y las prácticas de concesión de préstamos de los bancos nacionales de desarrollo. Facilite el diálogo y la mediación entre las empresas y las comunidades afectadas por las operaciones y proyectos empresariales.
Elabore un plan de acción nacional sobre las empresas y los derechos humanos con la participación de múltiples interesados, incluidos representantes de las organizaciones de la sociedad civil, las asociaciones empresariales nacionales, los sindicatos sectoriales y representantes de las comunidades indígenas. Haga de las evaluaciones de los efectos sociales que integran las normas de derechos humanos (en consonancia con los Principios Rectores) un requisito para los grandes proyectos de desarrollo en todos los sectores, y suministre recursos suficientes para supervisar y apoyar esas evaluaciones".
En su Informe el Grupo de Trabajo señala que "los defensores de los derechos humanos y los periodistas deben estar mejor protegidos para que puedan desempeñar su importante función. En vista de la generalización de las agresiones y los casos de intimidación contra las personas que defienden sus derechos, los más altos funcionarios del Gobierno y los directores generales de las empresas deben dejar muy claro que la intimidación y los ataques contra los defensores de los derechos humanos son inaceptables y no se tolerarán", por lo que el Gobierno debe fortalecer "el mecanismo nacional de protección para personas defensoras de derechos humanos, entre otras cosas realizando investigaciones y aplicando sanciones efectivas, para hacer frente a las condiciones que ponen en peligro a los defensores de derechos humanos" y las empresas deben dejar en "claro que la intimidación y las agresiones contra los defensores de los derechos humanos y los periodistas de investigación que alertan sobre actividades empresariales son inaceptables y no se tolerarán".
En el curso de su visita, los expertos se reunieron con diversas comunidades de Ciudad de México y los estados de México, Oaxaca, Jalisco y Sonora. El Grupo de Trabajo se reunió con funcionarios gubernamentales de las Secretarías de Relaciones Exteriores, Gobernación, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Economía, Energía, Trabajo y Previsión Social, Turismo, Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Comunicaciones y Transportes, y Hacienda y Crédito Público. También se reunió con funcionarios de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca; las Agencias de Seguridad, Energía y Ambiente y de Aeropuertos y Servicios Auxiliares; la Autoridad Federal para el Desarrollo de Zonas Económicas Especiales; el Fondo Nacional de Fomento al Turismo; la Procuraduría General de la República; la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente; el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación; y el Grupo de Trabajo para el desarrollo del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos. El Grupo de Trabajo se reunió además con funcionarios de los estados de Oaxaca, Jalisco y Sonora.
El Grupo de Trabajo se reunió asimismo con representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las Comisiones de Derechos Humanos de los estados de Oaxaca, Jalisco y Sonora; con miembros del Congreso de la Unión (Cámara de Diputados y Cámara de Senadores); con representantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Nacional Financiera, institución bancaria de desarrollo industrial, de la Bolsa Mexicana de Valores, de la Confederación de Cámaras Industriales de México, de los organismos de las Naciones Unidas en México y de una amplia variedad de empresas, como el Grupo Bal, el Grupo Bimbo, Eólica del Sur, CEMEX, el Grupo México, Goldcorp, la Comisión Federal de Electricidad, y Petróleos Mexicanos, así como con representantes de organizaciones de la sociedad civil y con defensores de los derechos humanos y miembros de las comunidades afectadas.
