Las personas con discapacidad deben participar en la toma de decisiones
Por Reyes Gamez
Monterrey, México (Agencia de Noticias 3er Sector).- Al participar en la presentación del Primer Informe del Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional 2018-2019 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el presidente interino de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL), Luis González González señaló que es necesario garantizar el derecho a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad.
El presidente interino de la CEDHNL, enfatizó que tras elaborar el informe detectaron que es urgente abordar la eliminación de "las practicas de interdicción que vulneran la capacidad jurídica de las personas con discapacidad".
Agregó que se debe garantizar a las personas con discapacidad el derecho al acceso a la justicia, ya que es preocupante "la situación de estas personas en el sistema de justicia penal".
El Mecanismo de Monitoreo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (MMNL) se instaló el 1 de marzo de 2018. El MMNL sesionó en 22 ocasiones y tres de manera extraordinaria durante los años 2018 y 2019.
El total de quejas presentadas en el periodo del 1 de enero del 2018 al 31 de diciembre de 2019 fueron 89. El total de orientaciones y asesorías brindadas del 1 de enero del 2018 al 31 de diciembre de 2019 fueron 171.
El MMNL informó que los derechos presuntamente vulnerados con mayor frecuencia del 1 de enero del 2018 al 31 de diciembre de 2019 fueron:
Derecho a la educación.
Derecho a la igualdad y no discriminación.
Derecho a la integridad física
El presidente interino de la CEDHNL señaló que "nos encontramos frente a un escenario con muchos retos, pero nos comprometemos a abordarlos, a fin e eliminar o dismuuir aquellas barreras que evitan o limitan la participación plena y efectiva de las personas con discapacidad en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás".
El Organismo considera que para lograr una plena inclusión es necesario que las personas con discapacidad participen en el diseño y planeación de las legislaciones y políticas públicas transversales.
González González mencionó que es prioritario realizar "la armonización legislativa en materia de discapacidad, la consulta y participación de las personas con discapacidad en los procesos de adopción de decisiones, la accebilidad en todas sus dimensiones y para todas las discapacidades, y la educación inclusiva en el contexto de la educación a distancia".
El 29 de abril de 2019, el MMNL presentó ante el Congreso del Estado de Nuevo León, una iniciativa de Ley sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con el objeto de proteger los derechos humanos reconocidos en el marco jurídico nacional e internacional.
El MMNL cuenta con el Comité Técnico de Consulta, integrado el 31 de julio de 2019. Durante el período del 31 de julio de 2019 al 31 de diciembre de 2019, el Comité Técnico de Consulta llevó a cabo dos sesiones ordinarias y una extraordinaria
En el informe, la CEDHNL propone:
Exhortar al poder legislativo y a las autoridades correspondientes de los órdenes de gobierno para que la legislación, normas, procedimientos y servicios públicos se encuentren homologados con los estándares internacionales en materia de derechos de las personas con discapacidad.
Promover el establecimiento de mecanismos regulares para convocar consultas con personas con discapacidad, teniendo en cuenta también, a niñas, niños y adolescentes con discapacidad y otros grupos etarios, así como las organizaciones que les representan en todos los procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con sus derechos humanos, asegurando que sus opiniones reciban la consideración adecuada.
Proponer el establecimiento de líneas presupuestarias específicas para cumplir con los objetivos en la materia. De manera particular, asegurando que el mecanismo de coordinación local cuente con los recursos necesarios para garantizar la colaboración intersectorial.
Impulsar la recolección sistemática de datos y estadísticas sobre la situación de las mujeres y niñas con discapacidad usuarias de los servicios que brinda el Estado con el fin de generar insumos para el diseño de políticas públicas incluyentes generales y focalizadas.
Brindar cooperación técnica para la elaboración de protocolos estatales y municipales para la detención de personas con discapacidad ante su posible participación en algún hecho ilícito o falta administrativa, que contemple el respeto y protección de sus derechos humanos.
Impulsar programas de política pública que garanticen un sistema de educación inclusiva en todos los niveles de la educación, así como el desarrollo de ajustes razonables con recursos presupuestarios suficientes y formación adecuada del personal docente.
