Actualmente el Conadis es únicamente un organismo de coordinación de política pública
Por Reyes Gamez
Monterrey, México (Agencia de Noticias 3er Sector).- Con la finalidad de conformar una estrategia que garantice una mayor colaboración entre autoridades y sociedad civil, en la promoción, aplicación y evaluación de la política nacional en favor de los derechos de las personas con discapacidad, la diputada Norma Aceves García, a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, presentó una iniciativa para reformar la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (LGIPD), iniciativa que propone la creación del Instituto Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
La iniciativa de ley no solo busca cambiar la denominación del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis), también tiene como objetivo que el próximo Instituto Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad tenga mayor autonomía en su actuación, ya que actualmente una de las grandes problemáticas operativas que presenta el Conadis es que por naturaleza de ley es únicamente un organismo de coordinación de política pública; es decir, su función radica en impulsar y promover que las distintas dependencias y entidades de la administración pública federal cuenten y apliquen medidas y acciones para la inclusión de las personas con discapacidad; sin embargo, no cuenta con atribuciones que le permita obligar a las referidas autoridades a realizar, aplicar o corregir acciones en la materia.
El Conadis no cuenta con la facultad para certificar y verificar mecanismos de apoyo para que personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos en condiciones de igualdad. Por ejemplo, el Consejo no puede certificar a intérpretes de Lengua de Señas Mexicanas, a las entidades autorizadas para la edición, publicación y donación de materiales de lectura accesibles para las personas con discapacidad o con limitaciones para acceder al texto escrito, a los proveedores de bienes y servicios destinados a la rehabilitación y acceso a la vida independiente de las personas con discapacidad o a los inmuebles deben ser accesibles para personas con discapacidad.
Por lo que Aceves García "propone cambiar la denominación de Conadis por Instituto Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad y darle el carácter de organismo público descentralizado “no sectorizado de la Administración Pública Federal” a fin de darle mayor autonomía en su actuación sin estar sectorizado a alguna dependencia que pueda limitar su actuar y teniendo como objeto el diseño, la ejecución, la coordinación y la evaluación de la política pública dirigida al desarrollo y la inclusión de las personas con discapacidad".
En la iniciativa de ley, se propone que el Instituto contará con una Junta de Gobierno, una Dirección General y una Asamblea Consultiva como órganos para el despacho de sus asuntos. En lo que corresponde a la Junta de Gobierno del Instituto, se pretende esté integrada por once representantes del Poder Ejecutivo Federal, y cinco representantes de la Asamblea Consultiva.
Cada Entidad Federativa deberá contar con su Instituto Estatal de Inclusión de Personas con Discapacidad
La diputada federal del PRI también propone reformar la LGIPD para establecer que las Entidades Federativas deberán designar, de las dependencias integrantes de su Administración Pública Estatal, la institución responsable del diseño, coordinación y evaluación de la política pública destinada al desarrollo y la inclusión de las personas con discapacidad, así como establecer sus objetivos, con la finalidad de hacer una política de estado integral".
Recordó que en la República Mexicana "se cuenta con 14 legislaciones que establecen la creación de organismos estatales en la materia, lo cual nos deja claro la necesidad de fortalecer este rubro e impulsar que todas las entidades federativas designen un organismo local que tenga por objeto el establecimiento de la política pública estatal para las personas con discapacidad, mediante la coordinación institucional e interinstitucional en su territorio, así como con el propuesto Instituto Nacional, para la implementación de la estrategia nacional, así como para que las entidades que ya cuentan con un organismo no lo eliminen.
De igual manera, la presente reforma permitirá reforzar la manera en que el tema de la discapacidad debe ser abordado, desde luego respetando las diversas visiones que cada forma de gobierno pretenda aplicar, pero asegurando una continuidad en el tiempo de la política estatal al establecer desde la legislación nacional la obligación de designar alguna autoridad rectora de la materia, con lo que además de cumplir con un mandato internacional se asegurará que las personas con discapacidad cuenten con una instancia estatal que promueva y dicte las acciones para el adecuado ejercicio de sus derechos en la entidad".
Aceves García menciono que los organismos estatales para el desarrollo y la inclusión de las personas con discapacidad, entre sus atribuciones deberán realizar las siguientes acciones:
Presentar propuestas al Instituto, para la elaboración del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad;
Elaborar su programa estatal y enviarlo al Congreso estatal para su conocimiento;
Promover el goce y ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad, así como la accesibilidad en la infraestructura física de instalaciones públicas y los recursos técnicos, materiales y humanos necesarios para la atención segura y accesible de la población con discapacidad;
Promover la elaboración, publicación y difusión de estudios, investigaciones, obras y materiales sobre el desarrollo e inclusión social, económico, político y cultural de las personas con discapacidad;
Promover y fomentar la cultura de la dignidad y respeto de las personas con discapacidad, a través de programas y campañas de sensibilización y concientización;
Solicitar información a las instituciones públicas, sociales y privadas que le permitan el cumplimiento de las atribuciones que le confiere la presente Ley;
Celebrar acuerdos de colaboración con organismos públicos y privados, nacionales e internacionales, para el desarrollo de proyectos que beneficien a las personas con discapacidad;
Promover la armonización de leyes y reglamentos a nivel estatal o municipal, respecto de las disposiciones establecidas en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en la Ley;
Presentar un informe anual de actividades, y
Coordinar la elaboración y actualización de un padrón estatal de las personas con discapacidad.
Aceves García también buscará fortalecer la Asamblea Consultiva y dar una participación más preponderante, "es oportuno realizar diversas propuestas a fin de que la Asamblea Consultiva se establezca como uno de los órganos de administración del Instituto Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, con la finalidad de darle una participación más directa y con mayores atribuciones que le permita incidir en todos los procesos de planeación, ejecución y evaluación de la política pública en la materia".
En la reforma destaca que la Asamblea Consultiva deberá "atender las solicitudes de participación y consulta de las personas con discapacidad".
