Segob acompañará el proceso de armonización legislativa para garantizar la igualdad jurídica
Por Reyes Gamez
Monterrey, México (Agencia de Noticias 3er Sector).- A nombre del Estado Mexicano, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de Gobernación, Alejandro Encinas, ofrece disculpa pública a Arturo Medina Vela, persona con discapacidad psicosocial e intelectual, quien hace una década fue sujeto de violaciones graves a sus derechos humanos al restringirle el derecho a un debido proceso en igualdad de condiciones.
El acto público de reconocimiento de responsabilidad y disculpa en el caso de Medina Vela ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es de vital importancia, pues es el primer dictamen emitido al Estado Mexicano por el citado Comité con relación a violaciones de derechos humanos de una persona con discapacidad.
En este caso (D 32/2105) el Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su dictamen, recomendó al Estado Mexicano, en lo que respecta a la víctima:
Proporcionarle una reparación efectiva, incluido el reembolso de cualquier costo judicial en que haya incurrido, junto con una indemnización.
Reconocer públicamente la violación de los derechos de la víctima conforme al dictamen y adoptar cualquier otra medida de satisfacción adecuada.
Publicar el dictamen y distribuirlo ampliamente, en formatos accesibles, a fin de que llegue a todos los sectores de la población. Lo anterior, con el objetivo de evitar que cometan violaciones similares en el futuro.
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez señaló que éste es un hecho de gran relevancia para el país, pues es el primer dictamen por parte del Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, lo que se traduce como un llamado urgente para que cientos de miles de personas con discapacidad tengan garantía de acceso a la justicia.
Enfatizó que el Estado Mexicano ofrece una disculpa pública por los agravios que significaron la falta de garantía para acceder a la justicia ante la autoridad judicial en la Ciudad de México el 14 de septiembre de 2011 y otra por el trato degradante qué representó la forma en que la autoridad de procuración e impartición de justicia incurrió.
“No solo porque es un mandamiento que nos ha dictado la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sino porque es nuestra convicción, es la convicción del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es la convicción de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México y es la convicción de quienes representamos al Estado mexicano en este acto”, señaló Encinas Rodríguez.
El Comité también solicitó a México iniciar transformaciones para garantizar el acceso a la justica, por lo cual el funcionario federal asumió el compromiso por el que se modificarán las leyes federales y locales, así como capacitar a toda la cadena justicia en los distintos órdenes de gobierno.
“Estamos obligados a que Arturo y cientos de miles de personas puedan gozar de su capacidad jurídica en igualdad de condiciones, porque, México –debemos de reconocer– tiene una deuda enorme para eliminar las barreras en las leyes para que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos por cuenta propia”, mencionó Encinas Rodríguez.
Informó que la Secretaría de Gobernación acompañará el proceso de armonización legislativa para garantizar la igualdad jurídica e invitó a Arturo y a su familia, así como a organizaciones de la sociedad civil que les han acompañado, a impulsar la modificación al Código Penal y a la Ley General de Salud.
Encinas Rodríguez agradeció y reconoció la voluntad del gobierno de la Cuidad de México, a la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJCDMX), y al Tribunal Superior de Justicia de dicha estidad (TSJCDMX), para avanzar en la reparación integral a favor de Arturo Medina Vela, quien estuvo acompañado en el acto de reconocimento de responsabilidad, por su madre, Judith Medina.
En representación de la Cancillería, Cristopher Ballinas Valdés, director general de Derechos Humanos y Democracia dijo que “las anteriores medidas son fruto de la tenaz, incansable y ejemplar lucha de tu familia y tus representantes, por conseguir el acceso a la justicia y el respeto a los derechos humanos. Nos refrenda la oportunidad del Gobierno federal de fortalecer las capacidades institucionales de respuesta para la protección de los derechos humanos de todas las personas en México con alguna discapacidad, que se ve reflejado en los esfuerzos que emprende el Estado Mexicano para contar con un marco jurídico e institucional a la altura de ese desafío, con el acompañamiento de los organismos internacionales expertos en la materia, de la sociedad civil, de los colectivos y sobre todo, con el acompañamiento de las familias de las víctimas. Por ello, a nombre de la Cancillería, le expresamos nuestra más sincera empatía y reconocimiento por la lucha que han llevado todos estos años.”
Ernestina Godoy Ramos, fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, dijo que este caso evidencia la forma arcaica en que se impartía justica. Añadió que, en cumplimiento del Dictamen, ya se está trabajando en la adecuación del marco normativo y de actuación local para que, desde el primer respondiente hasta el proceso de impartición de justicia, se dé una atención de acuerdo a los estándares y tomando en cuenta las necesidades de personas con discapacidad psicosocial.
Mientras que el magistrado presidente del Tribunal Supremo de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez, dijo que ya se encuentran colaborando con organizaciones de la sociedad civil para que, con su acompañamiento, se pueda dar debida atención a casos como este.
Judith Medina Vela, madre de Arturo Medina Vela, agradeció la sensibilidad del Estado Mexicano y añadió que espera que esto ayude a que casos como este no vuelvan a ocurrir.
Estuvieron también en el acto, María Sirvent, de DOCUMENTA A.C; Guillermo Fernández, representante en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos; y Amalia Gamio, experta del Comité sobre Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad.
Cabe mencionar que los actos de reconocimiento de responsabilidad del Estado y las disculpas públicas ante violaciones a derechos humanos ocurridos en el pasado forman parte de la reparación integral. Además, reflejan una actitud responsable del Gobierno Federal, quien admite sus omisiones, repudia estas prácticas y asegura que se tomarán las medidas adecuadas para que estos hechos no vuelvan a ocurrir.
Con estas acciones, la Secretaría de Relaciones Exteriores refrenda su compromiso con el cumplimiento las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y con mantener un diálogo con los organismos internacionales en la materia.
María Sirvent, de DOCUMENTA A.C; dijo que el caso de Arturo visibiliza las violaciones de las que es responsables el Estado Mexicano, ya que las personas con discapacidad siguen siendo limitadas en su capacidad jurídica.
