Señalan que en el entorno social se enfrentan a las barreras de los prejuicios
Por Reyes Gamez
Monterrey, México (Agencia de Noticias 3er Sector).- Los 55 ciudadanos y ciudadanas de Nuevo León que participaron en la mesa de trabajo de personas con discapacidad de la Comisión para la Inclusión y No Discriminación, expresaron su inconformidad de que la intervención gubernamental en el tema de discapacidad parta de un modelo asistencialista y no del reconocimiento de derechos.
"Consideran que para generar un cambio se requiere transitar de la sensibilización a la toma de conciencia", señala el documento Sistematización de la Mesa de Trabajo de Personas con Discapacidad, el cual fue proporcionado por la Secretaría de Igualdad e Inclusión al dar respuesta a una solicitud realizada en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) por la Revista 3er Sector.
Cabe recordar que en el Primer Informe de Gobierno se destacó que la Secretaría de Igualdad e Inclusión impartió el ABC de la inclusión a 650 servidores públicos con el objetivo de sensibilizar sobre la discriminación y promover la inclusión de los grupos que históricamente han sido discriminados. Mientras que 35 servidores públicos están siendo capacitados en Lengua de Señas Mexicana.
Asimismo, para profesionalizar el servicio brindado en los sistemas DIF estatal y municipales, se llevaron a cabo 22 cursos, entre los que destacan Actualización para el Proceso de Certificación en el Estándar de Competencia Laboral EC0217.01, Proceso de Alineación y Certificación en el Estándar EC0105 Atención al Ciudadano en el sector Público, cursos de Formación del Capital Humano, de Lengua de Señas Mexicana y Sensibilización en Materia de Trata de Personas y Derechos Humanos, que contaron con una participación de 600 personas. También se llevaron a cabo dos procesos de alineación con la presencia de 104 representantes de los 51 DIF municipales.
En la respuesta vía la PNT, la Secretaría informó que fueron tres sesiones de las mesas de trabajo realizadas durante los meses de junio a noviembre de 2022, donde también tuvieron representación 30 Organizaciones de la Sociedad Civil de y para las personas con discapacidad.
En el contexto sociocultural los participantes destacaron la discriminación sistemática que viven las personas con discapacidad, ya que subrayaron que "constantemente se enfrentan a la falta de empatía, la intolerancia, el lenguaje peyorativo y excluyente.
"Manifiestan tristeza porque además de las barreras físicas, existan barreras en el entorno social basadas en prejuicios y el desconocimiento que les impide el acceso a sus derechos para una inclusión plena", se lee en el documento.
Durante el año 2021 las personas con discapacidad pudieron postularse a un puesto de elección popular, lo cual fue posible a una acción afirmativa. Además en los años 2021 y 2022 y en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el cual se conmemora cada 3 de diciembre, este sector de la población y convocados por el Movimiento de Personas con Discapacidad Nuevo León, es que se hizo una marcha para exigir el pleno ejercicio de sus derechos.
Sin embargo los ciudadanos y las ciudadanas que participaron en la mesa de trabajo de la Comisión destacaron "la importancia de dar visibilidad a las personas con discapacidad, ya que consideran que aún exista mucha indiferencia y falta de empatía sobre este tema, asimismo manifiestas su preocupación y enojo por la falta de dignificación y reconocimiento social al no tener acceso a puestos de poder y que su condición de discapacidad sea motivo para negar su derecho a la toma de decisiones".
En Nuevo León se han dado casos en los que las personas con discapacidad al acudir a realizar algún trámite ya sea gubernamental o entidades privadas, los funcionarios les solicitan que los acompañe otra persona y es a quien se dirige, ignorando a la persona con discapacidad, lo cual representa una vulneración al derecho de Igual reconocimiento como persona ante la ley, ya que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece que las autoridades deben tomar todas las medidas que sean pertinentes y efectivas para garantizar el derecho de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, a ser propietarias y heredar bienes, controlar sus propios asuntos económicos y tener acceso en igualdad de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero, y velarán por que las personas con discapacidad no sean privadas de sus bienes de manera arbitraria.
Otro de los derechos que más destacaron en el ejercicio de participación ciudadana fue el de Educación, ya que algunas de las personas mencionaron que es necesario "garantizar la inclusión educativa de niñas, niños y adolescentes con discapacidad especialmente en el sector privado; asimismo se considera importante generar incentivos educativos (becas) que permitan combatir la deserción escolar de personas con discapacidad e incrementar la oferta educativa para personas sordas".
Durante el año 2022 agrupaciones civiles como Educación Sin Barreras NL han manifestado la importancia de que las instituciones educativas privadas se tome conciencia sobre la educación incluyente, y aquellas instituciones que no garanticen el derecho a la Educación de las niñas, los niños y adolescentes con discapacidad, que les sean aplicadas las sanciones que marca la ley. A estas demandas también se han sumado los ciudadanos que forman parte de Cuestionando la Inclusión.
En las mesas de trabajo también fueron señalados que el derecho a la accesibilidad, el transporte siguen siendo grandes pendientes, por lo que “se considera prioritario reforzar la accesibilidad en el sistema de transporte público, a fin de garantizar el derecho a la movilidad de las personas con discapacidad, así como adecuar espacios públicos de acuerdo a sus necesidades (baños públicos)”.
También se deben “promover las adecuaciones necesarias para el acceso universal al sistema de transporte Metrorrey y Ecovia, donde se contemple a las personas con movilidad reducida, la adopción de sistemas de megafonía, pantallas con subtítulos o letreros en sistema braille”, así como fomentar el respeto a los asientos preferenciales en el transporte público y estacionamientos exclusivos para personas con discapacidad.
Actualmente las personas con discapacidad para formar parte de algún programa o apoyo que brinde el Estado deben acudir a las instalaciones de las dependencias que muchas veces no cuenta con diseño de accesibilidad universal, ni tampoco facilitan la comunicación en Lengua de Señas Mexicana (LSM) o formatos accesibles, por lo que los ciudadanos y las ciudadanos destacaron “la importancia de descentralizar la oferta pública y privada de servicios de atención a personas con discapacidad ya que se detecta que la mayoría de estos espacios se ubican en zonas poco accesibles, asimismo se manifiesta la necesidad de adecuar trámites gubernamentales para facilitar el acceso a personas con discapacidad auditiva (uso de whatsapp y línea de videollamada con intérpretes de LSM), así como revisar la pertinencia de la renovación anual del certificado de discapacidad que emite el DIF CREE”.
También solicitaron impulsar desde un enfoque de derechos la oferta laboral y el emprendimiento para personas con discapacidad en el sector público y privado.
Además el Estado debe establecer un sistema estatal de cuidados que promueva políticas, programas y acciones para la atención integral a las personas cuidadoras de personas con discapacidad.
Llamaron a realizar acciones de concientización dirigidas a servidores públicos para los derechos de las personas con discapacidad, así como disminuir las barreras físicas y socioculturales en eventos públicos e instituciones gubernamentales.
Respecto a las legislaciones vigentes, señalaron que se debe de “impulsar la creación del Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, Promover mecanismos de monitoreo y seguimiento para velar por el cumplimiento de la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Promover la cultura de la denuncia ante actos de discriminación hacia personas con discapacidad en la función pública ante la CEDH”.
En el mes de diciembre del 2022 al llevarse la cuarta sesión ordinaria de la Comisión para la Inclusión y No Discriminación, fueron presentadas las agendas prioritarias locales y líneas de acción de las 10 mesas de trabajo: personas y comunidades indígenas y afrodescendientes; personas migrantes, desplazadas, retornadas y refugiadas; personas con discapacidad; personas adultas mayores; personas privadas de libertad; personas en situación de calle; diversidad sexo-genérica; personas trans, personas con VIH y salud mental.
La Secretaria de Igualdad e Inclusión, Martha Herrera dijo que "tuvimos una gran participación en estas mesas y no me canso de realmente agradecer de corazón el que hayamos tenido a más de 300 personas participando, se seleccionaron estas 95 líneas estratégicas que a su vez se desglosan en 500 acciones”.
Añadió que dentro de las 95 principales acciones prioritarias definidas por los agentes sociales en cada mesa se destacaron temas como promover comunidades escolares inclusivas para personas indígenas, con discapacidad o LGBTIQ+; acceso a servicios de salud digna para personas con VIH, personas trans, migrantes y habitantes de la calle; promover el acceso a empleo a todos estos grupos históricamente vulnerados; impulsar reformas e iniciativas legislativas pendientes en temas de identidad, certeza jurídica y libre desarrollo de la personalidad; capacitación en enfoque de inclusión a funcionarios públicos; entre muchas otras.
