Naciones Unidas.- Juan Pablo Bohoslavsky, experto independiente de la ONU sobre deuda externa, finanzas y derechos humanos, declaró en Ginebra que no se puede continuar ignorando el impacto negativo de las políticas de austeridad.
En 2015, se preveía que estas medidas afectarían a más de dos tercios de los países entre 2016 y 2020, es decir, a casi el 80 % de la población mundial, y que lo harían de forma más prominente en los países en vías de desarrollo. Según un informe del Consejo de Derechos humanos, la predicción se ha cumplido. Tras treinta años de promoción, los países tienen problemas para proteger los logros que habían alcanzado en materia de protección social y más de dos tercios están reduciendo su gasto público y limitando su espacio fiscal.
En el contexto de la crisis de 2007-2008, el crecimiento económico se convirtió en la gran prioridad, pero acompañado de medidas como recortes en sanidad y educación, reformas fiscales, privatización de servicios o reducción de subvenciones. Una de las consecuencias ha sido el aumento de la exclusión social, según señalan indicadores como el desempleo de larga duración o el incremento del número de personas sin hogar.
Ante esta situación, Bohoslavsky declaró que se debe evaluar las repercusiones de las políticas económicas sobre los derechos humanos antes de adoptarlas: “El papel instrumental que los derechos humanos pueden y deben representar en el diseño e implementación de reformas económicas no ha sido incorporado de manera efectiva”.
El informe indica que ciertos países han aplicado medidas de austeridad no solo para solventar problemas financieros, sino para prevenir futuras dificultades. En este contexto, resulta de vital importancia supervisar el funcionamiento de las políticas económicas para prevenir los efectos adversos que pueden producir y, así, tratar de mejorar la capacidad de resistencia de los países ante futuras crisis.
La corrupción y los flujos financieros ilícitos también amenazan los derechos humanos
En 2017, el experto también presentó tres informes en Túnez, Panamá y Suiza, en los que analizaba los avances alcanzados para limitar la corrupción y los flujos financieros ilícitos. Según estos documentos, ambas prácticas representan las raíces de la desigualdad, la debilidad del estado de derecho y la ineficacia en la distribución de los fondos públicos, que afectan directamente a los derechos humanos.
“Mientras más énfasis pongamos en su dimensión internacional y sus consecuencias para los derechos humanos, así como en la necesidad de que todos los países se involucren a nivel doméstico e internacional en la lucha contra la evasión fiscal, el fraude fiscal y la opacidad en general, más cerca estaremos de lograr cambios significativos”, indicó Bohoslavsky.
El Consejo de Derechos Humanos nombra a los relatores especiales de la ONU y expertos independientes para examinar e informar sobre un tema específico de derechos humanos o una situación en el país. Los puestos son honorarios y los expertos no son personal de la ONU, ni reciben un sueldo.
