Mencionan que los últimos sexenios, a las Pcd solo les han hecho promesas de políticas publicas transversales
Por Reyes Gamez/Agencia de Noticias 3er Sector
Monterrey, México.- Ante los señalamientos que algunas Organizaciones de la Sociedad Civil y activistas han realizado al Presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre el programa de pensión para un millón de Personas con Discapacidad (PcD) en algún grado de pobreza, programa que este fin de semana aparece en la consulta de los 10 programas prioritarios del próximo Gobierno Federal; Félix Frías, activista con discapacidad-miembro de la Asamblea Consultiva del CONADIS, señala que este tipo de programa y el que sea consultado a toda la sociedad, es un primer paso para romper la indiferencia que han mostrado los gobernantes hacia el colectivo.
"Quienes trabajamos en la Incidencia en Políticas Publicas, sabemos lo difícil que resulta que algún funcionario de alto nivel y con capacidad de decisión, se ocupe de atender una petición ciudadana que no emane de su plan de trabajo; mas aún cuando se trata de asuntos que han sido históricamente olvidados, desatendidos o relegados en agendas secundarias de poca relevancia. Tal es el caso de las personas con discapacidad en cualquiera de sus ámbitos: Salud, educación, trabajo, deporte, etc, o como debiese ser una política integral en todos los ámbitos que, cuando han llegado a figurar, en el mejor de los casos han sido sólo en agendas secundarias, mediáticas a mediados o finales de un sexenio o una gestión de tres años.
El que un asunto referente a personas con discapacidad este incluido dentro de los 10 proyectos prioritarios del sexenio que esta por comenzar, debiese ser motivo de satisfacción, pues rompe con el histórico abandono e indiferencia antes mencionados. Recordemos también cuantas promesas de campaña hechas al sector de personas con discapacidad por presidentes de la república en funciones han quedado en el olvido, sin el mayor de los reclamos; el actual presidente Enrique Peña Nieto es un claro ejemplo", señaló Frías y agregó que "el hecho de que un asunto (positivo) de coyuntura en materia de personas con discapacidad este siendo difundido para captar el interés publico nacional, debiese estar siendo ampliamente difundido para fomentar la toma de conciencia sobre discapacidad por parte de la población en general, pues hasta ahora, solo las campañas lastimeras de TELETON lo han conseguido".
Las OSC y los activistas en un escrito divulgado el pasado 21 de noviembre, le mencionan al Presidente electo de México que se debe realizar una consulta en la que el colectvio de personas con discapacidad pueda expresarse de manera más amplia y que no sea el resto de la sociedad los que decidan, sobre este punto Frías mencionó "que el tema de pensiones para personas con discapacidad este incluida dentro de un listado de diez proyectos y no en una consulta separada, es motivo de disgusto por sus detractores, argumentando que personas sin discapacidad opinarán sobre algo que, según ellos, les atañe únicamente a las personas con discapacidad. Esto tiene sus asegunes, en el sentido de que el ofrecer un apoyo económico a personas con discapacidad, parte de la premisa de que los beneficiarios son parte de un grupo claramente vulnerable, que batalla por satisfacer sus necesidades básicas para el sustento diario, por lo que costearse alguna necesidad especifica a su discapacidad como, prótesis, órtesis, auxiliar auditivo, tratamiento medico, equipamiento escolar especializado, manutención de un perro guía etcétera, resultan casi inalcanzables e insostenibles, pues muchas veces solo se llegan a obtener a través de programas gubernamentales de donación limitados, con las complicaciones que eso conlleva, sin considerar que son artículos que se deben estar renovando periódicamente.
El presidente electo es consiente de lo anterior, dado que su diagnostico sobre la situación del sector de Personas con Discapacidad parte de su experiencia directa con la gente, al haber recorrido varias veces el territorio nacional incluyendo pequeñas comunidades donde la situación de las Personas con Discapacidad es sin duda mas crítica; por lo que involucrar a la población en general para opinar sobre este tema, resulta bastante conveniente, dado que no se considera a la persona con discapacidad como un sujeto aislado, sino incluido; un miembro dentro de una familia en la que impacta significativamente para bien y para mal el factor “discapacidad”, por lo que es fácil entender que dicho programa tendrá muchos mas beneficiarios colaterales, lo cual nos debe llevar a una reflexión mas exhaustiva sobre lo que significa la inclusión de las personas con discapacidad".
A López Obrador también le señalaron las OSC y los activistas que la convocatoria no tuvo suficiente difusión, además de que no cuenta con material impreso en formato de Sistema Braille, que en las casillas tampoco hay personal que sepa Lengua de Señas Mexicana, además de que algunas casillas no cuentan con accesibilidad para las personas que para su movilidad utilizan silla de ruedas, bastón, andador o muletas, por lo que ellos consideran que dicha consulta no va con lo establecido en las legislaciones que garantizan el derecho de información y accesibilidad a las personas con discapacidad.
Ante esto el activista con discapacidad-miembro de la Asamblea Consultiva del CONADIS, mencionó que "se ha manejado que por no garantizar aspectos mínimos de accesibilidad tanto en la información como en aspectos de logística de las mesas de consulta se esta incurriendo en actos de discriminación, invocando legislación en la materia e incluso amenazando que la consulta podría ser sujeta de amparo por no brindar los ajustes razonables que la población con discapacidad requiere para su plena participación", por lo "que ante tales argumentos, debe considerarse el vacío legal que implica el que dichas consultas no sean considerados como un acto administrativo sujeto de amparo, pues técnicamente no se trata de una acción de un presidente en funciones, por no caer en un supuesto considerado en la normatividad en la materia, es mas, ni siquiera tiene un valor vinculante que obligue legalmente a acatar los resultados. Estamos ante un futuro presidente que esta rompiendo los esquemas tradicionales, que esta abriendo los canales para escuchar a la ciudadanía a travéz de las consultas y pasar de una democracia representativa a una participativa, donde los ciudadanos incidan en la definición de los asuntos públicos.
Yo haría un llamado a tomar dicha consulta como una acción de buena voluntad, que busca que el pueblo recupere algo de confianza en su gobierno, como un ejercicio democrático emergente que intenta incentivar la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos y que tanta falta nos hace, con inperfeccciones por corregir como las ya referidas, que debe irse perfeccionando con la participación de todos.
En mi experiencia como persona con discapacidad en la incidencia en políticas publicas en temas de personas con discapacidad, no identifico ninguna acción de gobierno que haya salido a la perfección a la primera, sino por el contrario, bajo el esquema de ensayo y error que se han ido dando algunos avances; aprendiendo y corrigiendo: Lo que si se debe cuidar es no dar pasos en falso, declarando supuestos avances con el afán de justificar malas experiencias, como lo sucedido con la supuesta consulta a personas con discapacidad en la elaboración de la nueva Constitución de la Ciudad de México, que lo único que consiguió fue menoscabar los estándares de lo que tiene que ser una verdadera consulta a personas con discapacidad, solapando y avalando errores ante la suprema corte de Justicia de la Nación sobre una pseudo-consulta que tuvo recursos suficientes para haber dejado un estándar bastante decoroso en este tema, desaprovechando los recursos y la experiencia acumulada por el Instituto Nacional Electoral INE en este tipo de ejercicios democráticos".
Sobre los señalamientos que se han hecho entorno al que programa de pensión para personas con discapacidad que propone el Presidente electo de México no es acorde al pleno ejercicio del derecho de la Asistencia Social, Frías dijo que "se ha cuestionado también que el punto sometido a consulta es incompatible con la perspectiva de derechos humanos, tachándola de ser una medida asistencialista, lo cual es una valoración radical para su descalificación ya que no reconoce que la asistencia social forma parte de la política social de cualquier país, incluso de los mas desarrollados, completamente válida para atender la problemática de sectores vulnerables; el colocar como un asunto prioritario el tema de dar o no una pensión a un millón de personas con discapacidad, es comenzar a reconocer la magnitud de la problemática de las personas con discapacidad, acumulada y exacerbada por el olvido de los gobiernos del México contemporáneo, la llamada deuda histórica hacia quienes vivimos con esa condición, que solo se reconoce en los discursos de los políticos y muy poco en sus acciones".
Enfatizó "que nunca se ha manejado la idea de que, con ese millón de personas se dará por cubierta la totalidad de la población con discapacidad, ni que esos 1247 pesos le resolverá la problemática inherente a la discapacidad de las personas. Se trata de una primera iniciativa por parte de la nueva administración que esta por comenzar, que deberá atender el tema con las instituciones encargadas para instrumentar una política integral, las cuales deberán asumir el compromiso con las personas con discapacidad como ya lo esta haciendo el Lic. López Obrador, quien se esta sensibilizando aún mas, se dice, por estar experimentando en su persona una discapacidad, que le limita su capacidad de caminar, a causa de un problema en una de sus rodillas".
Lamentó que "hay quienes se empeñan en calificar la medida como un simple programa de transferencia de dinero, no dudo que habrá personas que no requieran ese apoyo, incluso cuestionaría un poco a quienes se oponen a dicha medida, pues son, en muchos casos, personas privilegiadas, que el recibir un apoyo de 1247 pesos mensuales no les representara un cambio significativo en su día a día, no así para la población pobre con discapacidad", por lo que "el hacer del interés publico un tema como este, es reconocer y poner al descubierto parte de la terrible realidad en que se encuentra el sector de personas con discapacidad, esa realidad que se suele ocultar ante la mirada internacional como cuando nuestro país, en el 2014, fue examinado por el Comité de seguimiento de la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, para evaluar el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad en nuestro país".
Entonces "por todo lo anterior, se debe replantear el interés de un nuevo gobierno que busca comenzar a saldar esa enorme deuda histórica, y valdría la pena señalar también que no se debe manejar desproporcionadas expectativas que nos lleven a pensar que en seis años se saldará dicha deuda, sino manejarse con la debida prudencia de que se esta partiendo de una nueva forma de hacer gobierno, que deberá aprovechar los recursos normativos, técnicos y financieros, con el principio rector de combatir la corrupción, tema coyuntural de la nueva administración, que poco ha permeado dentro de la agenda de las personas con discapacidad, pues muchos creen que es ajeno dentro de las instituciones encargadas de atender los asuntos de las personas con discapacidad y que casi nadie les ha pedido cuentas, tales como el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad -CONADIS- (que a mediados de la presente administración tuvo que ser destituido su titular Jesús Toledano por severas irregularidades), ente rector para la coordinación de la política pública federal en materia de personas con discapacidad, SNDIF, SEDESOL, SSA, SEP, SCT y tantas mas involucradas, que por cierto han perdido credibilidad por su ineficacia para atender la problemática de las personas con discapacidad desde varias administraciones atrás".
