La revisión de las estructuras administrativas se debe realizar con enfoque de derechos, de género, ciclo de vida y transversalidad
Por Reyes Gamez
Monterrey, México, Agencia de Noticias 3er Sector.- Ante los recortes presupuestales para la operación del Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL), el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS), el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) y el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), es que el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, manifiesta su preocupación al Poder Ejecutivo Federal de que dichas medidas pongan en riesgo las políticas públicas transversales.
Mencionan que "la eventual desaparición o recorte presupuestal que se plantea aplicar a las cuatro instancias generaría una afectación directa a los derechos de los grupos en condición de vulnerabilidad, como lo son las personas con discapacidad, aquellas que tienen 60 años o más de edad, así como a las juventudes, quienes históricamente han sido víctimas de exclusión, discriminación y estigmatización por parte de la sociedad, lo que les ha impedido el acceso al ejercicio pleno de sus derechos en condiciones de igualdad con el resto de la población, así como al desarrollo y fomento de la participación ciudadana de carácter social a través de diversas figuras asociativas".
Por lo que el El Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos "hace un respetuoso llamado a las Secretarías de Bienestar y Hacienda y Crédito Público, para que la revisión de las estructuras administrativas que se realicen se lleve a cabo con enfoque de derechos, de género, ciclo de vida y transversalidad, y con respeto irrestricto a las obligaciones constitucionales, convencionales y legales que buscan proteger los derechos humanos de la población. Del mismo modo, resalta la importancia de ponderar la pertinencia de los esquemas y mecanismos que se propongan como alternativas, en tanto parte importante de los apoyos que requieren las personas mayores, así como aquellas con discapacidad, son de naturaleza prestacional por lo que, difícilmente pueden ser monetizados, existiendo el riesgo de que se propicien esquemas que lejos de atender las necesidades y requerimientos reales de las personas afectadas, busquen atender intereses de índole diverso al de los derechos humanos".
El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha mencionado que en las revisiones que han hecho a los presupuestos ejercidos en la anterior administración han encontrado datos imprecisos sobre la ejecución y resultados de los programas.
Ante esto el Consejo Consultivo de la CNHD, refiere que "si las causas de las medidas anunciadas que podrían derivar en la eventual eliminación de INDESOL, INAPAM, CONADIS e IMJUVE son presuntos actos de corrupción, desvío o indebido uso de los recursos públicos, o la ineficacia y falta de efectividad de los programas que implementan, el Gobierno de México está en posibilidad de llevar a cabo diagnósticos para verificar si son esos u otros problemas los que inciden en su desempeño, y a partir de ellos, adoptar medidas de control, fiscalización, auditoría y transparencia del ejercicio presupuestal, así como investigar y sancionar los casos en que se acredite el incumplimiento de obligaciones legales".
Ya que "la revisión y evaluación sobre el desempeño, utilidad y atribuciones de cualquier organismo público son medidas deseables y bienvenidas a efecto de garantizar eficiencia y eficacia en el ejercicio de la función pública, es claro que dichos procesos deben estar sustentados en información y evidencia objetiva, ser transparentes, y velar porque las adecuaciones que se realicen no inhiban u obstaculicen el cumplimiento de las obligaciones constitucionales de promover, respetar, proteger y garantizar el respeto y cumplimiento de los derechos humanos, así como de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los mismos, máxime que, en este caso, las personas que eventualmente se verían afectadas serían grupos en condición de vulnerabilidad, respecto de los cuales el Estado mexicano tiene un deber especial de cuidado y protección, así como organizaciones de la sociedad civil".
