¿Qué tal le fue?
Por Karelia Villa y Andrés Restrepo
Washington, DC.- (iadb.org) La crítica situación de los sistemas penitenciarios de adultos se replica para menores en América Latina y el Caribe (ALC). En Centroamérica, la tasa de menores de edad privados de libertad es cuatro veces mayor a la tasa promedio europea.
En otros países de la región, el marco legal para la rehabilitación de menores data de los ochenta. En otros casos, se implementó una baja en la edad de punibilidad, lo que podría ser una medida regresiva de acuerdo con UNICEF para la rehabilitación y reinserción social de los menores.
El desafío es mayor cuando los menores tienen contacto con el sistema penal y su situación futura puede deteriorarse por la aplicación de políticas punitivas. ¿Existe algún país donde el Estado asuma su papel de garante de los derechos que tienen los menores?
La experiencia de Italia: modelo de reinserción social
Italia es un modelo en la reinserción social para menores y a partir de los años ochenta pasó de un sistema punitivo a uno reeducativo con un proceso diferenciado de rehabilitación para los menores.
La clave para su evolución fue el reconocimiento de las diferentes causas que originan el comportamiento delincuencial juvenil versus el de adultos; así como la necesidad de actuar de manera preventiva por parte del Estado y su responsabilidad para reemplazar a la familia, cuando ésta no es adecuada para el cuidado y educación de los menores.
Por ello, el sistema de justicia replanteó la finalidad de los programas de tratamiento para menores en conflicto con la Ley Penal, el cual debería lograr su reinserción en la sociedad.
En 1984, la Corte Constitucional enunció la utilización de la detención como la última medida para los menores que cometen un delito, previendo una lista de nuevos instrumentos legales como el perdón judicial, en caso de ser posible, sanciones sustitutivas, la detención domiciliaria en lugar de la cárcel, entre otros.
Asimismo, el actual sistema de justicia para menores está suscrito a las “Reglas de Beijing” de las Naciones Unidas para la administración de la justicia a menores de 1988. A partir de éstas, Italia promulgó un Decreto Presidencial definiendo la opción de reclusión de un menor como medida extrema.
¿Cómo logró Italia implementar el modelo?
El modelo italiano promovió una amplia sensibilización a los jueces para poner a prueba al menor, antes de optar por la privación de su libertad. Esto consistía en ponerlo a prueba bajo un régimen estricto de supervisión con un plan individualizado para cada caso. Esta libertad a prueba, que se analiza caso por caso, consiste en una renuncia provisional del Estado al juicio para darle una oportunidad de prueba al menor para lograr un comportamiento positivo.
La rehabilitación y reinserción social de menores implementado por Italia implica un trabajo coordinado e individualizado de jueces, trabajadores sociales, personal de seguridad, psicólogos, personal del sistema educativo local y de comunicación de la mano con las familias de los menores.
Al presente, más del 90% de los menores en conflicto con la Ley Penal en Italia cumplen su medida en comunidad en un programa alternativo a la prisión.
También en el modelo está involucrado el sector privado con alianzas público-privadas y quienes aportan capital semilla para desarrollar iniciativas productivas a través de talleres que sirvan para la sostenibilidad financiera del programa. Por ejemplo, el centro de Palermo tienen una empresa conocida como “Atrapado con las manos en la masa: Si no lo prueba, no lo juzgue”, con resultados positivos.
El modelo italiano se apoya en las siguientes modalidades para la rehabilitación de menores en conflicto con la Ley Penal:
Centros de Primera Acogida. Se proporciona hospedaje provisional al menor en espera de la audiencia de convalidación, para evitar su entrada en la cárcel. Cuando el menor recibe su programa individualizado de prueba pasa al siguiente tipo de instalación (las “Comunidades”).
Comunidades ministeriales. El menor reside en instalaciones durante la ejecución de su plan alternativo a la prisión. En estas comunidades los menores reciben un programa educativo que tiene en cuenta sus necesidades particulares y su contexto familiar y social. Asimismo, colaboran diferentes profesionales, como trabajadores sociales y mediadores culturales.
Comunidades privadas no gubernamentales. Son asociaciones privadas generalmente conformadas por trabajadores sociales y psicólogos, financiadas por el Ministerio de Justicia. Generalmente se asignan entre 10 a 12 menores por comunidad. El Ministerio de Justicia establece las condiciones que deben cumplir estas organizaciones y supervisa su gestión y resultados desde la Oficina de Servicios Sociales Juveniles.
Centros diurnos. Son espacios no residenciales que ofrecen actividades dirigidas a los menores en cumplimiento de medidas alternativas a la detención. Incluyen servicios educativos y de formación para el trabajo, pasantías laborales supervisadas, así como un catálogo de actividades recreativas y de uso del tiempo libre.
Institutos Penales para Menores. Cuando los menores tienen una suspensión del proceso a prueba o es requerido que su medida sea cumplida en privación de libertad, los acogen en los Institutos Penales para Menores. En estos centros el personal está capacitado para atenderlos, incluyendo una formación especializada para los custodios. Un rasgo diferenciador respecto a los sistemas de menores en ALC, es que en Italia el personal involucrado con el proceso rehabilitador no porta uniforme, lo que facilita el acercamiento con los menores y la mediación en conflictos.
La rehabilitación de menores en América Latina y el Caribe
En los últimos años, los países de la región y las autoridades penitenciarias han realizado un esfuerzo para modernizar los modelos de rehabilitación para menores. El BID está trabajando con los países en programas para ofrecer una segunda oportunidad a los menores como es el caso del modelo implementado en el Centro de Cumplimiento de Pacora, o los modelos de rehabilitación para menores en Paraná, Espíritu Santo y Rio Grande Do Sul en Brasil. En el caso de los modelos de rehabilitación para adultos, se destaca el caso de Costa Rica de las Unidades de Atención Integral o el programa Yo Cambio en El Salvador.
Siguiendo el modelo de rehabilitación para menores de Italia, la Cooperación Italiana y el BID trabajaron en un piloto en El Salvador para menores incluyendo el fortalecimiento del personal, planes psicosociales; el involucramiento de la familia y alianzas con el sector privado para la rehabilitación del menor.
Es urgente reconocer el gran desafío que impone para la región promover modelos de rehabilitación que incluyan tratamientos diferenciados e individualizados para personas en conflicto con la Ley Penal, especialmente menores. El modelo italiano es una experiencia valiosa para la región ya que ha demostrado los beneficios para el menor al recibir un tratamiento reeducativo en lugar de uno punitivo. Asimismo, se ha demostrado el valor que conlleva la participación del sector privado, donantes, sociedad civil y en especial los familiares, para ofrecerles una segunda oportunidad.
