La dependencia recibió 35 denuncias penales de violencia familiar contra Pcd entre 2017 y 2018, y 2 en 2019
Por Reyes Gamez
Monterrey, México (Agencia de Noticias 3er Sector).- Al presentarse el informe ‘Es mejor hacerte invisible’: Violencia familiar contra personas con discapacidad en México”, Human Rights Watch (HRW) destacó que las personas con discapacidad también pueden tener serias dificultades para acceder a la justicia. Muchas de las fiscalías en las que tendrían que presentar sus casos no son accesibles y no prevén asistencia en las comunicaciones durante los procedimientos.
Human Rights Watch entrevistó a 140 personas, incluidos 38 adultos con discapacidad, en cuatro estados: Oaxaca, Jalisco, Nuevo León y Ciudad de México. Entre estas había personas con discapacidad física, personas sordas o ciegas y personas con discapacidades de desarrollo, como el autismo. Las personas entrevistadas se refirieron a abusos físicos, sexuales y emocionales, desatención y confinamiento en habitaciones o camas. Algunas personas adultas que viven con sus padres han sufrido abusos desde la infancia.
HRW recuerda que el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que los funcionarios de aplicación de la ley en todos los niveles deben ofrecer “ajustes razonables al procedimiento” a las personas con discapacidad que los requieran para participar en procedimientos de aplicación de la ley. Los ajustes incluyen cualquier medio tecnológico necesario para que una persona participe y entienda la información provista, como la posibilidad de conversión de voz en texto, una persona adicional que pueda comunicarse con la persona en cuestión, como un intérprete de lengua de señas, o un asistente personal para ayudar a la persona a denunciar o prestar testimonio.
Por lo que en el caso de Nuevo León el documento menciona que "una funcionaria de la Fiscalía de Nuevo León informó a Human Rights Watch que aún no contaban con un protocolo para responder a los casos que involucran a personas con discapacidad. Esta funcionaria no pudo especificar los ajustes al procedimiento disponibles para las personas con discapacidad que presentan denuncias ante la fiscalía. Dijo que se solicita al DIF que preste apoyo a la persona.
En una carta enviada por la Fiscalía de Nuevo León a Human Rights Watch en noviembre de 2019, un funcionario confirmó que el único ajuste de procedimiento que han implementado en casos que involucran a personas con discapacidad es llamar a un representante del DIF para que preste asistencia o un intérprete de lengua de señas".
HRW recomienda "designar personal de la fiscalía para que actúe como punto focal, con conocimientos específicos para orientar y asesorar a fiscales y a otros organismos de aplicación de la ley sobre la implementación de ajustes procedimentales, incluso durante las investigaciones y los procedimientos penales;
Asegurar que los protocolos y otras orientaciones sobre denuncias de violencia contra niños dentro y fuera de las escuelas sean plenamente inclusivas para los niños y las niñas con discapacidad. La orientación debería comprender la capacitación para consejeros escolares, docentes y otros miembros del personal acerca de comportamientos o cuestiones específicas a las cuales se debe prestar atención, que puedan resultar relevantes para los niños y las niñas con discapacidades sensoriales o para aquellos cuyas discapacidades requieren formas alternativas de comunicación. Brindar orientación específica para consejeros escolares y docentes acerca de las medidas que deberían tomar para asegurar que los medios de denuncia sean accesibles para los niños y las niñas con discapacidad".
La "Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que recibió 35 denuncias penales de violencia familiar contra personas con discapacidad entre 2017 y 2018, y 2 en 2019".
Muchas de las personas entrevistadas asisten a escuelas especiales para personas con discapacidad. Sin embargo, con el cierre de las escuelas para evitar que se propague la Covid-19, ya no cuentan con un lugar seguro adónde ir, ni siquiera unas pocas horas.
Carlos Ríos-Espinosa, investigador sénior de derechos de las personas con discapacidad de Human Rights Watch y autor del informe, señaló que es importante que los prestadores de servicios de personas con discapacidad, -las escuelas, los distintos centros de día-, "que puedan constatar que hubo un caso de violencia contra una persona con discapacidad, que puedan orientarla para que pueda denunciarse este hecho, que esto se haga con seguridad, tanto para la persona con discapacidad como para la prestadora de servicio".
Ya que en el informe se mencionan algunos casos detectados por los prestadores de servicios, pero hay ese temor de las consecuencias que pueden ocurrir al denunciar.
Ríos-Espinosa, lamentó que en casos como el de Nuevo León, las personas con discapacidad victimas de violencia familiar han sido institucionalizadas debido a que no se cuenta con refugios que les permitan mantenerse seguros tras denunciar los casos de violencia.
En el informe, HRW recomienda "desarrollar políticas para alentar a los centros de salud y otros organismos que brindan servicios a personas con discapacidad a realizar denuncias cuando detectan presuntos casos de violencia familiar contra personas con discapacidad. Asimismo, formular políticas para garantizar la protección contra posibles represalias para las personas que realizan la denuncia y las presuntas víctimas;
Exigir que los fiscales y policías desarrollen políticas para asegurar que las personas con discapacidad puedan denunciar de manera segura los casos de violencia familiar y abandono, y puedan acceder a medidas de protección.
Asegurar que las personas con todo tipo de discapacidades tengan pleno acceso a fiscalías, refugios y otras soluciones habitacionales temporales".
Además el gobierno debería revisar la forma en que recaba datos sobre violencia y violencia familiar, de modo de incluir información desglosada sobre personas con discapacidad, incluso por tipo de discapacidad.
Los organismos públicos también deberían formular un plan integral y con plazo definido para ampliar el apoyo y los servicios que favorezcan la vida independiente, entre otras cosas, generando más oportunidades de empleo, vivienda y transporte asequibles y accesibles, y la posibilidad de asistentes personales profesionales para las personas que requieren ayuda para tareas cotidianas.
En febrero de 2019, el gobierno federal de México estableció pensiones por discapacidad de 1310 pesos (USD 58) por mes. El programa apunta a beneficiar a apenas 1 millón de los cerca de 7 millones de personas con discapacidad que hay en México. Sin embargo, las pensiones son insuficientes para vivir de manera independiente. La ausencia de otros servicios esenciales, como vivienda y transporte accesibles, y asistentes profesionales que ayuden a las personas con tareas de la vida cotidiana, también impide que muchas personas vivan de manera independiente.
Las leyes de los estados y las prácticas gubernamentales también exacerban la dependencia de las personas con discapacidad respecto de sus familias. En Oaxaca y Ciudad de México, la legislación exige a las familias mantener a familiares adultos con discapacidad, y las autoridades suelen otorgar la pensión a los familiares para que la administren.
