En el 2020 se registró una agresión contra la prensa cada 13 horas
Por Reyes Gamez
Monterrey, México (Agencia de Noticias 3er Sector).- A dos años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, persisten dinámicas de estigmatización de la prensa, censura, violación de los derechos humanos y el debilitamiento o abandono de las instituciones creadas para hacer contrapeso al poder.
"Tal vez, el presidente no mande acallar periodistas de manera directa, pero los fustiga y estigmatiza, pasando por alto dos aspectos particulares: el ser un funcionario público sujeto a escrutinio y crítica públicos, naturalmente intensos por el cargo que ocupa, y la situación tan apremiante de violencia que padece la prensa", señaló ARTICLE 19 en su informe "Distorsión: el discurso contra realidad".
El 2020 fue el año de la distorsión, el discurso oficial alteró la percepción de la realidad sobre los derechos humanos en México. En el 2020 se registró una agresión contra la prensa cada 13 horas, por lo que desde ARTICLE 19 lamentaron la muerte de seis periodistas.
"Es en este contexto donde los atentados contra los medios aumentaron un 13.63% respecto a 2019, arrojando un registro de 692 ataques en 2020. Una agresión contra la prensa cada 13 horas, es difícil creer que estamos en la circunstancia óptima para el ejercicio de la libertad de prensa. Por ello, la caracterización negativa que el presidente y algunos integrantes de su gabinete hacen de la prensa tiene un peligroso efecto en cascada, que se reproduce y recrudece a nivel local a manera de hostigamiento, amenazas y uso ilegítimo del poder público en contra de las y los periodistas. En este contexto, el año pasado asesinaron a seis periodistas debido a su profesión, que en total suman 17 en el presente sexenio", se señaló en el informe.
El año pasado, las entidades que más sufrieron estos ataques fueron Ciudad de México, Puebla, Quintana Roo, Veracruz y Oaxaca. En conjunto, sobrepasan 47% del total nacional de las agresiones.
El reporte sostiene que muchas de las agresiones vienen desde el mismo aparato estatal y se multiplican por la estigmatización de la prensa que se propaga desde el poder. Considera que esta situación alienta a autoridades locales a ejercer el mismo tipo de discurso contra los medios, y se envía un mensaje permisivo hacia particulares y otros poderes fácticos que encuentran en las narrativas estigmatizantes "un impulso para amenazar, agredir y asesinar periodistas sin temor a que haya alguna respuesta contundente del Estado".
Leopoldo Maldonado, director regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, dijo que "desde el Estado, la violencia comienza con un discurso oficial de dos caras: una que le dice a la población que todo está bien y otra que ataca y justifica atacar a la prensa. Este discurso oficial estigmatizante comenzó a gestarse en 2018, con la elección de López Obrador, y se consolidó durante 2019. En 2020, y como desde Article 19 lo advertimos, esta estrategia ya no es exclusiva del presidente, sino que diversas personas servidoras públicas y particulares la usan ya como una herramienta para amenazar y silenciar las voces disidentes".
Aunque reconoció que es imposible cambiar en dos años un país cuyo deterioro de la vida pública data de hace 50 años, Maldonado alertó que se siguen sosteniendo "viejos anclajes autoritarios en materia de libertad de expresión".
La vocación por censurar internet
El informe anual de la organización refiere que existe una vocación autoritaria para sobrerregular diversos aspectos de internet a fin de "menguar su potencial democratizador y evitar que la narrativa y del desempeño oficiales se sujeten a escrutinio y crítica sociales".
Expone que, de manera paralela, desfilaron una serie de iniciativas legislativas mal hechas, las cuales brillan por sus deficiencias técnicas y por el impacto corrosivo que pueden llegar a tener en el acceso y uso de internet, así como sobre el ejercicio de la libertad de expresión en el ámbito digital.
Como ejemplo refiere las iniciativas promovidas por el senador Ricardo Monreal y otros actores públicos, las cuales están "alejadas de los principios y directrices establecidos en los estándares internacionales de derechos humanos, ya que, directa e indirectamente, contemplan medidas que interferirían con el acceso y uso de internet".
Maldonado subrayó que "en 2020, observamos cómo desde el populismo punitivo se aprobaron delitos cometidos en Internet que destacaron por la ambigüedad en la redacción y las facultades que se confieren a autoridades administrativas para remover contenidos generan un efecto nocivo para el ejercicio de la libertad de expresión en la red de redes. A la par, desfilaron una serie de iniciativas legislativas mal hechas, poco pensadas, las cuales brillan por sus deficiencias técnicas y por el impacto corrosivo sobre el ejercicio de la libertad de expresión en el ámbito digital".
Enfatizó que "el colmo fue la reciente iniciativa del senador Ricardo Monreal para regular las redes sociales. Con el pretexto de la supuesta censura privada ejercida por las empresas propietarias de las redes, el senador intenta imponer la censura de Estado. Pero no ha sido la única.
Durante 2020 identificamos 15 iniciativas que fueron presentadas formalmente ante los congresos federal o locales y, de éstas, ocho fueron aprobadas y publicadas. Todas, con serias deficiencias técnicas que evidencian desconocimiento del funcionamiento de internet, pero que tienen como resultado inmediato la pretensión de controlarlo, a través de diversas modalidades de regulación como: 1) generación de nuevos tipos penales, 2) reglamentación de intermediarios y de medios de comunicación en línea o 3) intervención en los mercados digitales".
El director regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, agregó que "sin duda, la más preocupante fue la reforma aprobada a la Ley Federal de Derechos de Autor, que incorporó el mecanismo de “notificación y retirada” para remover contenidos supuestamente violatorios de derechos autorales".
También lamentó que "el uso político y estigmatizante de las redes sociales cobró especial agresividad con las mujeres que llenaron las calles y las redes sociales en diversos estados del país con sus protestas feministas. La respuesta del Estado fue -y siguen siendo- la descalificación y, en diversas entidades de la República, la represión mediante la fuerza en contra de manifestantes y periodistas en donde destacan los casos de León y Cancún. A la par, vemos como se incrementan los ataques digitales contra las mujeres para acallarlas y relegarlas de la discusión pública".
La concentración y clausura de la información
Respecto a la publicidad oficial, ARTICLE 19 revela que se mantiene la ausencia de criterios claros para la asignación de sus recursos, así como una concentración publicitaria en pocos medios: "el 54% del total ejercido se repartió en diez empresas de comunicación, mientras que otros 387 apenas alcanzaron el 46%", señala el estudio.
Distorsión: el discurso contra la realidad consigna que el año pasado el presidente siguió centralizando la comunicación de su gobierno y, desde las conferencias 'mañaneras', "el titular del Ejecutivo pontifica, juzga, moraliza, estigmatiza, informa y desinforma".
Califica de preocupante que los "otros datos" que el presidente dice tener -sobre todo en materia de derechos humanos- parecen no existir en los acervos documentales oficiales, ya que, al solicitar a Presidencia vía transparencia el sustento de la información, las respuestas de "incompetencia" pasaron de 0 en 2019 a 329 en 2020.
"Cuando el presidente emite una declaración que tiende a desdeñar problemas como la violencia contra las mujeres o que busca estigmatizar a víctimas de la violencia criminal y de Estado, solicitar evidencia documental que sostenga sus afirmaciones tiene como consecuencia entrar a un laberinto burocrático para obteneresos “otros datos” o para, de plano, encontrar que no existen o que nadie puede sustentarlos", mencionó Maldonado.
La desigualdad informativa en la pandemia
Se documenta que en 2020 casi cien periodistas murieron a consecuencia de la COVID-19, lo que visibilizó la falta de medidas mínimas para garantizar los derechos laborales y de seguridad social que enfrentan miles de comunicadores en este país. Las carencias laborales de los periodistas contribuyen a "un mayor estado de vulnerabilidad y en ello convergen las responsabilidades de Estado y los dueños de los medios de comunicación."
Para ARTICLE 19 la propuesta de política pública para disminuir la brecha digital se quedará corta para garantizar el derecho constitucional de acceso a internet para todas y todos, en un contexto donde la falta de acceso a las telecomunicaciones la padece el 55% de la población mexicana con un estrato económico bajo, y el 53% de la población rural.
"Así se mantienen dos “Méxicos”: uno conectado y otro que no lo está, pese al discurso, los pueblos y comunidades indígenas no son reconocidas en los hechos como sujetos de derecho", señaló el director regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica.
Y "seguimos observando un factor de violencia estructural en contra de la prensa, de por sí asediada por múltiples actores públicos y privados para acallarla: la precariedad laboral. Casi cien periodistas murieron de COVID-19 hasta el momento de escribir estas líneas. Ello da cuenta de la falta de medidas mínimas para garantizar los derechos laborales y de seguridad social que enfrentan miles de comunicadores en este país".
El desmantelamiento de la protección de derechos
La organización lamenta la pretensión del gobierno de concentrar y clausurar la información con el amago de desaparecer el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) que constituye un contrapeso frente a la opacidad que caracteriza el actual gobierno. El presidente justificó esta decisión señalando lo oneroso del INAI, aunque México Evalúa dio a conocer que sólo representa un centavo de cada cien pesos del presupuesto público.
Sobre las descalificaciones y el desmantelamiento que el actual gobierno federal ha emprendido de instituciones como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y el mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, bajo el pretexto de corrupción y opacidad, el reporte recuerda que hasta el día de hoy se sigue sin presentar evidencia de ello. "Una vez más, los derechos de las víctimas quedan en entredicho y son letra muerta en un país asolado por la violencia criminal y de Estado".
Maldonado dijo que "a dos años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y ocho de su creación, es posible afirmar que el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas se encuentra sumamente debilitado y que no hay claridad sobre la apuesta política que implica su existencia. A pesar de que el actual gobierno dice lo contrario, no existe intención clara de impulsar una estrategia que revierta las condiciones de riesgo a las que se enfrentan los medios en el país.
Otra muestra de este desmantelamiento es lo que sucede con la CDNH. A la polémica designación de su titular, en 2020, la comisión se desatendió de investigar e informar, con base en sus facultades, sobre violaciones graves a derechos humanos. Por último, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se encuentra en grave crisis: sin recursos suficientes, sin titular, sin legitimidad. Los derechos de las víctimas, en general, y de los periodistas agredidos por su labor, en particular, siguen sin contar con un entramado institucional que los proteja y garantice con eficacia. También para las víctimas fue un golpe brutal haber eliminado el Fondo de Apoyo, Asistencia y Reparación Integral".
La disculpa por el pasado y la negación del presente
Otro factor que ARTICLE 19 expone es la negación pública de la ocurrencia de violaciones a los derechos humanos como tortura, desapariciones y masacres, lo que impacta en la garantía plena del derecho a la información que asiste a las víctimas y a la sociedad.
Y aunque el actual gobierno ha realizado actos de disculpas públicas por hechos documentados de violaciones a las garantías individuales, "no se han instrumentado mecanismos suficientes para garantizar justicia en todos los casos, ya sea del pasado o los cometidos durante la actual administración".
"Por eso, podemos concluir que, a dos años del gobierno actual, se evidencian signos de permanencia y aprovechamiento de anclajes autoritarios que operan en sentido contrario al respeto y garantía de los derechos humanos. También es manifiesto el desmantelamiento o abandono de las instituciones creadas para hacer contrapeso al poder o, en particular, para garantizar derechos fundamentales, como la libertad de expresión, el acceso a la información o el acceso a la justicia. Así mismo, se utiliza el dominio de la mayoría legislativa para forjar armas legales que atentan contra la participación, la expresión y la información, particularmente en internet.
Todo lo anterior da cuenta de que el énfasis en construir una narrativa que distorsiona la realidad ha configurado un peligroso aliciente para la censura bajo viejas y nuevas formas", subrayó el director regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica.
Agenda mínima 3.0
Por último, Leopoldo Maldonado dio a conocer que se propone una agenda mínima de 36 acciones en materia de libertad de expresión e información, entre las cuales destacan:
1. Regular el uso de la publicidad oficial con base en estándares internacionales en materia de libertad de expresión y derecho a la información.
2. Eliminar las restricciones legales al ejercicio de la libertad de expresión
3. Desarrollar una política integral de prevención de la violencia contra la libertad de expresión.
4. Asegurar la protección de las y los periodistas ante la pandemia de COVID-19.
5. Combatir la impunidad de las agresiones contra la prensa y garantizar el derecho a la verdad.
6. Abstenerse de utilizar las redes sociales para estigmatizar a periodistas, activistas y cualquier persona de la sociedad civil que ejerza su derecho a la libre manifestación, reunión o asociación, tanto en el espacio digital como en el físico.
7. Abstenerse de promulgar legislaciones restrictivas de los derechos digitales.
8. Equilibrar la protección de los datos personales, la privacidad y el derecho al honor con el ejercicio de la libertad de expresión e información en internet.
9. Promover y garantizar el derecho de acceso a internet sin discriminación.
10. Garantizar el ejercicio de la libertad de expresión para las mujeres en el entorno físico y digital.
