La legislación establece la formación y certificación de intérpretes
Por Reyes Ramiro Gamez Barboza
Monterrey, México (Agencia de Noticias 3er Sector).- Durante los últimos días, algunas personas con discapacidad auditiva que son usuarias de la Lengua de Señas Mexicana (LSM) denunciaron que en una de las giras del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, las personas que brindaron el servicio de interpretación, lo hicieron de manera deficiente.
Hombres y mujeres de la comunidad sorda de la República Mexicana que participan activamente con propuestas para el diseño de políticas públicas transversales han mencionado que es necesario que la autoridad federal y estatal se acerquen con ellos o con integrantes de asociaciones para recomendar a las personas que creen idóneas para brindar el servicio de interpretación de LSM y evitar sea vulnerado el derecho a la información que ejerce la población de la comunidad sorda.
Pero también sería interesante que la comunidad sorda le recuerde a las autoridades federales y estatales que la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad garantiza que la Secretaría de Educación Pública, diseñe e implemente programas de formación y certificación de intérpretes, estenógrafos del español y demás personal especializado en la difusión y uso conjunto del español y la Lengua de Señas Mexicana.
Además de impulsar toda forma de comunicación escrita que facilite al sordo hablante, al sordo señante o semilingüe, el desarrollo y uso de la lengua en forma escrita e impulsar programas de investigación, preservación y desarrollo de la Lengua de Señas Mexicana, de las personas con discapacidad auditiva.
Entonces la comunidad sorda no pide nada extraordinario a las autoridades, sino que ejerce su derecho a la información accesible, pero que aquellas personas que sean requeridas para la interpretación de la LSM cuenten con la capacidad y habilidades necesarias, ya que la LSM, es la lengua de una comunidad de sordos, que consiste en una serie de signos gestuales articulados con las manos y acompañados de expresiones faciales, mirada intencional y movimiento corporal, dotados de función lingüística, forma parte del patrimonio lingüístico de dicha comunidad y es tan rica y compleja en gramática y vocabulario como cualquier lengua oral.
Porque recordemos que la Lengua de Señas Mexicana, es reconocida oficialmente como una lengua nacional y forma parte del patrimonio lingüístico con que cuenta la nación mexicana.
Entonces es vital que los servidores públicos trabajen de la mano con la comunidad sorda, que conozcan sus inquietudes sobre las personas que actualmente realizan interpretación, que se trabaje en las áreas de oportunidad.
Que si una persona sorda desea también ser interprete, pues también tendrá que tener la formación y certificación que señala la legislación.
Ya es momento de hacer sinergias, ya que solamente así se podrá garantizar el derecho a la información de este sector de la población, porque no se vale hablar de inclusión, cuando las autoridades no dialogan con los usuarios de la LSM.
Las buenas intenciones de los servidores públicos ya no tienen cabida, solo se les pide que cumplan lo que dice la ley.
En el caso de Nuevo León, la comunidad sorda debe presentar una iniciativa de reforma a la Ley de la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad, para buscar crear el organismo en el que participen junto con la Secretaría de Educación estatal en la formación y certificación de las personas que desean ser interpretes de la LSM.
Pero es vital que la comunidad sorda se visibilice en esta demanda, que sus propuestas queden plasmadas en documentos oficiales y que siempre vean se cumplan como se exige, ya que la participación ciudadana es lo que hace funcionar a las leyes.
