Los ciudadanos vocales del Consejo deben conservar su apartidismo
Por Reyes Ramiro Gamez Barboza
Monterrey, México (Agencia de Noticias 3er Sector).- Fue el pasado de 7 junio del 2018, cuando el Gobierno del Estado de Nuevo León anunciaba la firma del Reglamento del Consejo para las Personas con Discapacidad para así derogar el Reglamento Interior del Comité Técnico para la Promoción y Protección de la Equidad y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad del Estado de Nuevo León que data del año 2006, pero al momento de escribir este texto, en el sitio de internet del gobierno estatal en el Listado de Ordenamientos sigue vigente el reglamento del 2006.
Llama la atención que el entonces gobernador interino, Manuel González Flores señaló que mediante este reglamento que propone un Grupo de Trabajo de Políticas Públicas, buscan contar con “medidas que blinden las decisiones y que no tengamos un Gobernador ocurrente, sabelotodo, que venga y cambie las cosas y modifique el estatus de vida de las familias, establecida en la propia Ley”.
Sin embargo al no haberse publicado el Reglamento del Consejo para Personas con Discapacidad, es que en este 2019 personas con discapacidad que recibían un apoyo mensual otorgado a través de la Secretaría de Desarrollo Social estatal se quedaron sin ese recurso debido a que muchos no entran en los lineamientos de las reglas de operación que menciona la Secretaría de Bienestar federal para otorgar apoyos a las personas con discapacidad.
Tal vez si hubiera ya estado publicado el Reglamento es que los ciudadanos que pertenecen a Organizaciones de la Sociedad Civil y que son vocales del Consejo para las Personas con Discapacidad mediante el Grupo de Trabajo de Políticas Públicas hubieran propuesto alternativas para garantizar el desarrollo y calidad de vida de las personas con discapacidad, ya sea brindando capacitación para el autoempleo y que se les diera un financiamiento para su emprendimiento, además de identificar a los hombres y mujeres con discapacidad que por sus capacidades y habilidades pueden aplicar a una vacante de empleo.
Actualmente en los medios de comunicación y en el “fanpage” de Facebook de la Secretaría de Desarrollo Social, las personas con discapacidad o sus familiares, es que siguen preguntando si se va reactivar el programa de apoyo mensual.
Entonces los ciudadanos vocales del Consejo para las Personas con Discapacidad deben establecer estrategias con el personal de la Secretaría de Desarrollo Social para atender dicha situación, buscar generar una política pública que permita dar una respuesta integral a las personas con discapacidad.
Otro tema pendiente en la agenda del colectivo de las personas con discapacidad es su movilidad en el transporte público, ya que se informa que en Nuevo León solamente cuatro empresarios concesionarios cuentan dentro de su flotilla con unidades con accesibilidad universal, sin embargo el resto de rutas no tienen ese tipo de unidades, tal vez los ciudadano vocales del Consejo para las Personas con Discapacidad pueden recordarle al Director de la Agencia Estatal del Transporte que la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad establece que la autoridad debe otorgar estímulos fiscales a los empresarios concesionarios que “realicen acciones que permitan el uso integral de sus servicios por las personas con discapacidad”.
Es prioritario que ya sea publicado en el Periódico Oficial del Estado el Reglamento del Consejo para las Personas con Discapacidad, ya que de esa manera van a ser fortalecida las acciones de “consulta y asesoría para coadyuvar en acciones específicas de concertación, coordinación, planeación, promoción, seguimiento y vigilancia de las acciones que permitan garantizar condiciones favorables a las personas que enfrentan algún tipo de discapacidad” desde las políticas públicas.
Algo que también es importante preservar en el Consejo para las Personas con Discapacidad, es que los ciudadanos que son invitados a ser vocales sigan siendo apartidistas, ya que si son militantes de un partido político y ocupan un cargo, esos ciudadanos deben decidir si es compatible esa labor partidista con el espíritu ciudadano que actualmente pregonan en el Consejo.
Es cuestión de enfocar desde que trinchera pueden aportar más esos ciudadanos que son militantes partidistas, tal vez esos ciudadanos piensan que no afecta su trabajo desde una Organización de la Sociedad Civil de y para personas con discapacidad para visibilizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, -que es por lo que fue invitado a ser vocal del Consejo-, con su militancia y trabajo en un partido político.
Ya que si es así, entonces también se debería dar asiento en el Consejo a los partidos políticos que ya cuentan con secretarías o direcciones de atención y/o inclusión hacia las personas con discapacidad, obvio sería sin derecho a voto.
