En algunos Municipios hay ausencia de lenguaje incluyente
Por Reyes Ramiro Gamez Barboza
Monterrey, México (Agencia de Noticias 3er Sector).- Al leer el informe del primer año de trabajo del trienio 2018-2021 de algunos Municipios metropolitanos de Nuevo León, se observa que hay pocas acciones para realmente lograr el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.
Llama la atención que los esfuerzos de Municipios como Monterrey, San Nicolás de los Garza, Gral. Escobedo, Guadalupe, se centran en un modelo médico-asistencial, pero no hablan de políticas públicas transversales que permita a las personas con discapacidad ejercer de manera plena sus derechos.
Ya que el diseño y planeación del presupuesto público municipal debe tener un enfoque en el que todos los ciudadanos puedan tener un desarrollo y mejor calidad de vida, ya no debe quedar a que desde el DIF se tenga buena voluntad y algo de presupuesto para resolver las demandas del colectivo de personas con discapacidad.
Hoy es fundamental que los Alcaldes y las Alcaldesas tengan un registro de la población con algún tipo de discapacidad que habitan en sus Municipios., ya que esto va permitir conocer los ajustas razonables y apoyos que se requieren hacer en la administración pública para brindar una mejor atención.
En ninguno de los informes consultados de los Municipios, se menciona que dentro de la plantilla laboral se cuente con servidores públicos que tengan el conocimiento de la Lengua de Señas Mexicana (LSM) para así brindar una atención efectiva a las personas con discapacidad auditiva, ni señalan que tengan material impreso en formato de Sistema Braille para la población con discapacidad visual.
Ya que entonces de nada sirve que en Municipios como el de San Nicolás de los Garza hayan anunciado que brindaron un curso de Lengua de Señas Mexicana a la población, si al final no se capacita a los servidores públicos en aprender la LSM.
También llama la atención que en el tema de inclusión laboral los Municipios destacan que han realizado diversas “Ferias del Empleo” para que las empresas oferten vacantes para los hombres y mujeres con discapacidad que buscan empleo pero no ofrecen cifras de la tasa de colocación, ni si hicieron un seguimiento de como ha sido el clima organizacional en esas empresas que contrataron a personas con discapacidad.
Además la Ley para la Protección de los de Derechos de las Personas con Discapacidad del Estado de Nuevo León, menciona que al menos el 2 por ciento del total de la plantilla laboral de la administración pública debe ser destinada a la contratación de personas con discapacidad, en este rubro solamente el Municipio de Gral. Escobedo refiere en su informe que si cuentan con servidores públicos con algún tipo de discapacidad que labora en la administración municipal, pero no detalle en que dependencias laboran ni el total de empleados con algún tipo de discapacidad, por ello queda a medias lo informado por ese Municipio.
Los otros Municipios no hacen ninguna referencia sobre contar con empleados con algún tipo de discapacidad ni que se encuentran realizando acciones para la inclusión laboral dentro de la administración pública municipal.
Esperemos que los Alcaldes y las Alcaldesas con sus equipos se encuentren diseñando estrategias para ofertar vacantes laborales a las personas con discapacidad que tengan las capacidades y habilidades para diferentes puestos de trabajos.
Otro reto importante que tienen los servidores públicos es que usen un lenguaje incluyente, ya que es lamentable leer en el informe del Municipio de San Nicolás de los Garza que desde la administración pública municipal dan atención a personas que “padecen alguna discapacidad”, así mismo en el informe del Municipio de Gral. Escobedo usaron el término “personas con capacidad diferentes”.
A todos los servidores públicos hay que recordarles que el término correcto es persona con discapacidad, ya que de esa manera reconocemos la igualdad, la dignidad y el respeto que merecen todas las personas sin importar su condición.
Es necesario que el Consejo para las Personas con Discapacidad del Estado de Nuevo León, así como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, brinden la información necesaria a los servidores públicos sobre el lenguaje incluyente, ya que si deseamos una sociedad inclusiva, es necesario que los Alcaldes y las Alcaldesa usen en su comunicación palabras que logren ese cometido, no aquellas que refuerzan estereotipos negativos.
Al consultar los sitios de internet de los Municipios de Apodaca, Santa Catarina, Santiago, Juárez y García, no fueron localizados los informes de gobierno, de manera aislada hay boletines de prensa que informan por ejemplo en el caso de Apodaca que cuentan con un Consejo Municipal en el que participan Organizaciones de la Sociedad Civil de y para las personas con discapacidad, pero no hace mención de haya ciudadanos con discapacidad en ese Consejo, por lo cual deben incluirlas, ya que las personas con discapacidad deben ser las que informen a la autoridad lo que requieren para participar de manera plena en la sociedad.
En el caso del Municipio de San Pedro Garza García en su informe, señalan que abrieron “2 módulos de afiliación, atención y entrega de apoyos para adultos mayores y personas con discapacidad que se encuentran en el Poniente y en oficinas municipales en el Casco”, además de que en boletines de prensa hay uno que informa que realizaron un programa de inclusión social con la Organización de la Sociedad Civil (OSC), Unidos Somos Iguales ABP.
Mientras que Municipio de Santa Catarina en los boletines de prensa mencionaron que también con la OSC Unidos Somos Iguales ABP realizaron acciones de inclusión social, así como actividades de convivencias entre los servidores públicos y personas con discapacidad.
Esperemos que en los Municipios de Santiago, Juárez y Garcia, los Alcaldes junto con su equipo hagan políticas públicas que permitan a las personas con discapacidad ejercer plenamente sus derechos.
Pero lo ideal para el 2020, es que desde ya los Alcaldes y las Alcaldesas tengan un acercamiento directo con el colectivo de personas con discapacidad de sus Municipios, que ellos sean los que señalan las prioridades en el diseño y planeación de las políticas públicas, actualmente las personas con discapacidad van visibilizando sus demandas para tener una mejor calidad de vida y ser parte activa en el desarrollo de sus comunidades, entonces su participación ciudadana es fundamental.
Nuestras legislaciones cobran vida cuando todas las personas se involucran en que el gasto público sea usado de manera transversal, ya que solamente de esa manera es que se logra un gobierno incluyente, ya que todas las acciones van a garantizar el desarrollo de todas las personas que conforman la sociedad.
